UPCN frenó en seco el proyecto de concesiones: qué artículo quieren cambiar y por qué

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) llevó sus reparos al Senado entrerriano y cuestionó sin vueltas la reforma del artículo 5° de la Ley de Concesiones. Para el gremio, no se trata de un ajuste menor: lo que el oficialismo presenta como una corrección técnica, según la dirigente Maricel Molina, es lisa y llanamente “dar vuelta la regla”.

La convocatoria fue a la comisión de Obras Públicas de la Cámara alta, donde se analiza el proyecto que modifica el artículo 5° de la Ley N° 11.280, del Régimen General de Concesiones de Obras, Infraestructuras Públicas y Servicios Públicos. La iniciativa del Gobierno provincial ya tiene media sanción de Diputados.

Qué dice hoy la ley y qué cambiaría

Molina puso el foco en el texto vigente: “Hoy la ley 11.280 dice que salud, educación, seguridad y el servicio penitenciario no se concesionan nunca. Y para nosotros eso está bien, porque no estamos hablando de servicios, sino de derechos y garantías constitucionales”.

La modificación que impulsa el Ejecutivo habilitaría la concesión de esas funciones, con una condición: que la “titularidad, potestad regulatoria y de fiscalización” siga “en cabeza del Estado”. Para la sindicalista, ese resguardo no convence. “Eso es una redundancia porque en todas las concesiones el Estado conserva la titularidad del derecho”, advirtió.

Y agregó: “Acá lo que estamos concesionando es la gestión. Eso implica, entre otras cosas, concesionar los derechos de los entrerrianos, entre ellos los empleados públicos”.

Plazos largos y una pregunta de fondo

A partir de ese planteo, Molina preguntó “qué se quiere hacer con esa concesión de derechos constitucionalmente reconocidos” y apuntó contra la extensión de los contratos previstos. “La concesión se daría a más de 25 años. Pero pensar en una política pública implica tener un Estado inteligente, que es aquel que puede planificar a 25 años sus políticas públicas. Concesionarle a un privado implica delegar la posibilidad de gestionar la política pública, que es una obligación”, sostuvo.

Otro de los puntos que objetó es que las concesiones puedan avanzar sin pasar por la Legislatura. “Es decir que podemos concesionar un servicio, un derecho, por 24 años, 11 meses y 26 días sin que la Legislatura, la representación del pueblo, tenga intervención. Eso es muy grave”, expresó.

La eficiencia del privado, bajo la lupa

La dirigente también cuestionó el argumento de que el sector privado es más eficiente que el Estado. “En función de la eficiencia y la calidad hemos destruido el Estado entrerriano, a las instituciones entrerrianas”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que “hay una categoría de eficiencia que no se discute” y disparó: “¿Es más eficiente el privado?, ¿por qué?, ¿cuáles son las categorías, los índices que se están tomando para decir que el Estado es ineficiente? Muéstrennos eso. Empecemos a hablar de esas cuestiones. Porque eficiencia y eficacia son discursos que se han usado históricamente para destruir los gobiernos, los estados y las instituciones públicas”.

Servicio no es lo mismo que derecho

Para UPCN, antes de avanzar en cualquier cambio normativo hay que separar dos conceptos que la reforma, a su criterio, mezcla. “Para nosotros, tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es un servicio y lo que es un derecho. A partir de ahí tener la discusión propiamente dicha y técnica respecto de qué vamos a modificar”, planteó Molina.

El gremio dejó además un pedido concreto: que el tema se discuta en la Legislatura y que los entrerrianos conozcan de primera mano las implicancias de la reforma. “Esta modificación no tiene sentido si no pasa por la Legislatura, si no se discute, si el entrerriano no tiene la posibilidad de conocer de primera mano cuáles son las implicancias técnicas, legales, económicas y de principios que tienen estas modificaciones”, remarcó.

“Dejamos planteadas estas cuestiones, que tienen que contestar porque necesitamos respuestas”, cerró.