Urribarri vuelve a sentarse frente al juez: qué pena pide la Fiscalía para cerrarle la causa

La Fiscalía ya pidió 5 años y 6 meses de cárcel efectiva para el exgobernador, pero la causa sigue trabada en la instancia previa al juicio oral. Este lunes, el juez Budasoff retoma la audiencia que define si el expediente avanza o sigue estancado.

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Urribarri vuelve a sentarse frente al juez: qué pena pide la Fiscalía para cerrarle la causa
Urribarri vuelve a sentarse frente al juez: qué pena pide la Fiscalía para cerrarle la causa

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri regresa este lunes al banquillo de los acusados. Desde las 9, el juez de Garantías Mariano Budasoff retoma en el Salón de Audiencias N° 1 de los Tribunales de Paraná la audiencia que definirá si la causa por enriquecimiento ilícito avanza hacia el juicio oral, según pudo saber UNO.

La continuidad del debate estaba fijada para el 19 de octubre. La Fiscalía ya había solicitado la elevación a juicio en noviembre de 2023 y el expediente acumuló meses de audiencias maratónicas.

Un recorrido de audiencias que se extendió por meses

Las jornadas de remisión de la causa a juicio arrancaron formalmente el 10 de marzo de 2026 y siguieron los días 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de ese mes. En abril el ritmo no bajó: el debate continuó el 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.

Ahora, con la reanudación de este lunes, el expediente vuelve a moverse para determinar si el caso pasa a la instancia de debate oral y público.

Quiénes estarán en la sala

Del lado de la acusación se sentarán los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Monstrull, en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa técnica del exgobernador estará encabezada por el abogado Miguel Ángel Cullen.

El empresario Diego Armando Cardona Herreros, también imputado en la causa, contará con los letrados José Velázquez y Esteban Díaz.

Las penas que pide la Fiscalía

En el escrito de remisión a juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano reclamaron para Urribarri una pena de 5 años y 6 meses de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de enriquecimiento ilícito.

Para Cardona Herreros, titular de la firma Relevamiento Catastrales SA —contratista del Estado entrerriano durante la gestión urribarrista—, la solicitud fue de 5 años de prisión efectiva.

Distinto es el panorama de Rubén Ángel Martínez, señalado como partícipe en un rol menor. La Fiscalía había contemplado inicialmente 3 años de prisión condicional, pero el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) por 3 años que lo benefició.

Los 7 millones de dólares que no se pudieron justificar

El corazón de la acusación contra el dos veces gobernador entrerriano es la imposibilidad de explicar el origen de su incremento patrimonial. A Urribarri se le reprocha no haber podido fundamentar un aumento de 7 millones de dólares.

Según la hipótesis fiscal, en esas maniobras habría participado el empresario Cardona Herreros a través de contrataciones estatales, y también Martínez en un rol secundario.

Los acusadores públicos reunieron información patrimonial y financiera no solo del exmandatario sino también de su esposa, Ana Lía Liliana Aguilera, y de sus hijos: Sergio Damián Urribarri (empleado legislativo), Mauro Gabriel Urribarri (exministro de Gobierno de Bordet), Bruno Saúl Urribarri (futbolista) y Franco Daniel Urribarri (productor televisivo), entre otros.

De una denuncia en 2015 a la cárcel de Gualeguaychú

La causa por enriquecimiento ilícito nació en diciembre de 2015, a partir de una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de una investigación periodística de la revista "Análisis" sobre el patrimonio familiar.

Hoy Urribarri está alojado en la cárcel de Gualeguaychú, donde fue trasladado en septiembre para cumplir la condena a 8 años de prisión dictada en el marco del megajuicio de 2022. En el mismo penal están su cuñado Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, exministro de Comunicación.

Además, el exgobernador tiene otro pedido de remisión a juicio en la causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

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