Usaba los colectivos de la cosecha para vender droga: cayeron él, su pareja y su hermano

Un contratista de jornaleros de Concordia fue condenado por vender estupefacientes a los trabajadores de la fruta, aprovechando los viajes en colectivo hacia las quintas. La Justicia Federal lo sentenció junto a su pareja y su hermano, desbaratando una organización que operaba bajo la fachada del trabajo rural.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Concepción del Uruguay, con la jueza Mariela Emilce Rojas al frente, dictó el fallo tras una investigación que se extendió por varios años. El caso comenzó el 27 de marzo de 2018, cuando la Prefectura Naval Argentina presentó una nota de inteligencia que alertaba sobre una pareja vinculada a la venta de drogas en Benito Legeren, departamento Concordia.

¿Cómo operaba la banda?

Con el avance de las tareas de campo y las intervenciones telefónicas, los investigadores descubrieron que la pareja era solo la punta de un entramado mayor. La organización estaba liderada por Héctor Eduardo Núñez y su pareja, Ivana Soledad Martínez.

El método de comercialización era peculiar: Núñez, en su rol de contratista, utilizaba los colectivos que trasladaban a los trabajadores a las quintas de citrus y arándanos para esconder los narcóticos. Según se probó en el juicio, vendía las sustancias directamente a los cosecheros durante los trayectos o en los lugares de trabajo.

La banda tenía una clara división de tareas. Mientras Núñez era el jefe y organizador, su pareja se encargaba de almacenar, fraccionar y vender. También participaban hijos y allegados del líder: Roberto Daniel Núñez (alias "Tito") y Jonatan Eduardo Pavón (alias "Jona") fueron señalados como fraccionadores y vendedores entre los jornaleros.

La investigación también detectó conexiones con otros individuos procesados en causas paralelas por infracción a la Ley 23.737, lo que sugería una red más amplia en la región.

Los allanamientos

El 23 de agosto de 2019, la Prefectura Naval realizó cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de Concordia. En la requisa de un colectivo blanco vinculado a la organización, se hallaron recortes de nylon que coincidían con el material usado para los envoltorios de droga.

En cuanto a los sospechosos iniciales, Diego Moledo y Ana Vila, la fuerza de seguridad informó que ambos están prófugos, no solo por narcotráfico sino también por su presunta participación en un homicidio en Benito Legeren.

Las condenas

La jueza Rojas dictó las siguientes resoluciones: Héctor Eduardo Núñez fue declarado autor penalmente responsable del delito de comercio de estupefacientes. El tribunal unificó su condena en 4 años de prisión, que comprende una sentencia previa de tres años (de ejecución condicional) dictada en 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Capital Federal, donde había sido hallado coautor del delito de reducción a la servidumbre. Al unificarse, se revocó la condicionalidad.

Ivana Soledad Martínez fue considerada partícipe secundaria del delito de comercio de estupefacientes (art. 5 inc. "c" Ley 23.737). Se le impuso una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y una multa de $3.541.207.

Roberto Daniel Núñez recibió la misma calificación que Martínez: 2 años de prisión de ejecución condicional y una multa de $3.541.207.

Jonatan Eduardo Pavón, a pesar de haber sido requerido como coautor, fue absuelto de los cargos de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio agravado, ya que la magistrada entendió que no había pruebas en su contra.

El fallo marca un paso clave en la lucha contra la venta de drogas en los sectores laborales vulnerables de Concordia, evidenciando cómo la organización utilizaba estructuras de trabajo legítimas para encubrir actividades ilícitas.