Usaban el nombre de Rosatti desde el penal de Jujuy: la Justicia define si van a juicio
Se hacían pasar por la Corte Suprema para exigir fianzas a familias de presos. La Justicia ya tiene el pedido para sentarlos en el banquillo, pero lo que encontraron en un colchón terminó de complicarlos.
La Justicia federal de Jujuy está a un paso de sentar en el banquillo a cuatro internos del penal de esa provincia, acusados de montar una usina de estafas y extorsiones desde sus propias celdas. El fiscal Franco Picardi pidió que la causa se eleve a juicio oral, según confirmó la investigación.
Los imputados son C.M.A.A. (38), R.A.R. (40), S.A.L. (31) y W.R.V. (32). Todos arrastran condenas anteriores por robos, homicidio simple, tentativa de homicidio y violación de domicilio. Siguen detenidos.
El operativo que destapó todo
Los allanamientos se hicieron el 2 y 3 de diciembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario N°7, a cargo de la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina. En la celda que compartían S.A.L. y W.R.V. apareció un celular escondido dentro del colchón: era el que usaban para las estafas y también el que sirvió para el llamado inicial a la PFA.
En otras celdas los agentes secuestraron más teléfonos, tarjetas SIM y papeles con números de teléfono, CBU y alias de transferencia.
El modus operandi: la sombra de Rosatti
La banda se hacía pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. Con ese disfraz, llamaban a dependencias policiales y penitenciarias para pedir datos de detenidos. Después contactaban a los familiares y les exigían transferencias de dinero con la excusa de una fianza para liberar a sus allegados.
Para sonar creíbles, usaban perfiles de WhatsApp con fotos de Rosatti o de edificios judiciales, y se identificaban como “Corte Suprema de Justicia”. También empleaban alias de transferencia que imitaban organismos oficiales, como “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”. En algunos casos, usaban el nombre del magistrado para simular la representación de empresas y anunciar falsos premios a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos.
Escuchas y roles
Las intervenciones telefónicas mostraron que los miembros del grupo se enteraron de los allanamientos y dieron instrucciones para ocultar pruebas. En una de las comunicaciones se escuchó que “le habían caído a Trompila”, el apodo de C.M.A.A. En otra, alguien pidió sacar “el teléfono, las cuentas, todo” ante la presencia policial.
Según el fiscal, los cuatro tenían roles bien diferenciados. C.M.A.A. y R.A.R. preparaban y ejecutaban los llamados y manejaban el dinero. S.A.L. y W.R.V. se ocupaban de conseguir, guardar y esconder los celulares y las tarjetas SIM. Picardi destacó que el aporte de estos dos últimos era indispensable para que los hechos se pudieran concretar.
La organización funcionó al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, siempre desde el penal de Jujuy. El dinero circulaba por cuentas bancarias y billeteras virtuales de personas del entorno de los acusados. La documentación bancaria fue clave para probar que los fondos terminaban en allegados y parejas de los imputados.
Los delitos y la pena
Picardi imputó a los cuatro por asociación ilícita en calidad de miembros, usurpación de autoridad reiterada en ocho oportunidades, estafa reiterada en dos ocasiones y extorsión mediante simulación de autoridad pública. Las penas para estos delitos van desde un mes hasta diez años de prisión y se aplicarán en concurso material.
Además, el requerimiento fiscal pide extraer testimonios para investigar la posible participación de tres mujeres vinculadas a los imputados. Sus cuentas habrían sido usadas para recibir o transferir el dinero de las maniobras, por lo que se solicitó que sean convocadas a prestar declaración indagatoria.
