Usaban testaferros y usuarios falsos para inscribir armas: cómo operaba la banda que cae en Mendoza
¿Cómo hacía una banda para inscribir 742 armas de fuego sin que nadie las tuviera? La Justicia de Mendoza revela el método de una organización que operaba desde 2022 y que ahora enfrenta un juicio oral.
Once acusados irán a juicio por integrar una organización dedicada a comprar armas de forma legal y volcarlas al mercado negro. La causa, que investiga el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, revela un mecanismo aceitado que funcionó al menos desde enero de 2022.
Los fiscales federales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich pidieron la elevación a juicio de todos los sospechosos, entre los que se encuentra un policía porteño. Según la acusación, la banda estaba conformada por nueve hombres y dos mujeres.
¿Cómo captaban las armas?
La organización compraba armamento de manera legal, pero usando testaferros o usuarios falsos. Luego inscribían las armas en los registros oficiales y las entregaban a compradores ficticios. Al inspeccionar los domicilios declarados por los supuestos dueños, las autoridades comprobaron que ninguna de las 742 armas inscriptas estaba en esos lugares ni bajo su custodia.
La investigación comenzó en septiembre de 2024, a partir de una denuncia de la UFECO. La alerta inicial surgió de un informe de la ANMAC, que detectó maniobras irregulares en la inscripción de compradores y gestores.
El operativo que desarticuló la banda
El 22 de abril de 2026, el juez Adrián González Charvay ordenó 140 allanamientos simultáneos. Se ejecutaron el 27 de abril en Mendoza, Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y otras siete provincias. En los procedimientos se secuestraron unas 120 armas de fuego y se detuvo a gran parte de la organización.
En mayo pasado, la Justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de R.J.M. como presunto jefe de la banda. El resto de los imputados, identificados con sus iniciales, fueron procesados como coautores por provisión y circulación ilegal de armamento.
El magistrado también trabó embargos sobre los bienes de los acusados por montos de entre 100 y 150 millones de pesos. El oficial porteño W.C.N.M. sumó cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público por certificar identidades falsas.
¿Qué resolvió la Cámara?
El 11 de agosto, la Cámara Federal de San Martín confirmó las resoluciones principales del juzgado. Sin embargo, dictó la falta de mérito para la imputada P.A.I., dejando firme el camino a juicio para los otros diez miembros.
Para los fiscales, existió un plan criminal coordinado donde cada acusado cumplió un rol clave. El circuito finalizaba con la entrega del armamento fuera de todo control estatal, facilitando armas al hampa sin dejar rastro de su paradero final.
