Ushuaia: el control que podría dejar a los cruceros sin dónde descargar

La intervención federal del Puerto de Ushuaia y el Gobierno de Tierra del Fuego quedaron al borde de un conflicto con consecuencias operativas inmediatas. El Ministerio de Producción y Ambiente notificó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que este jueves 17 de septiembre inspectores de la Secretaría de Ambiente se presentarán en la terminal para fiscalizar la gestión de residuos peligrosos. Si la ANPYN impide el ingreso de los agentes provinciales, los residuos alcanzados por el control podrían quedar bloqueados y no podrían salir del puerto.

La advertencia fue formalizada mediante una nota dirigida al organismo que mantiene intervenido el puerto. En el documento se informó que personal técnico de la Secretaría de Ambiente concurrirá al muelle para realizar tareas de "inspección, fiscalización y control" vinculadas con la gestión de residuos peligrosos, según se conoció.

Qué dice la ley que invoca la Provincia

El punto central del planteo es la competencia ambiental de la Provincia sobre estos materiales, aun cuando sean generados en buques comerciales o cruceros turísticos que descargan en el muelle administrado por funcionarios nacionales. El Ministerio se ampara en la Ley Provincial N° 105, que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y otorga a la autoridad ambiental fueguina facultades de fiscalización y poder de policía.

La normativa establece que, aunque existan organismos nacionales con competencia sobre el transporte marítimo, la autoridad ambiental provincial conserva atribuciones de control sobre las embarcaciones que transportan residuos peligrosos y sobre las operaciones de carga y descarga. Además, determina que la autoridad portuaria debe prestar colaboración para que esas inspecciones puedan realizarse.

El Ministerio también recordó que ese esquema se complementa con la Ley Provincial N° 55, marco general de protección ambiental de Tierra del Fuego, que contempla consecuencias frente a la obstaculización o impedimento de las inspecciones. Por ese motivo, el Gobierno requirió expresamente a la intervención que adopte las medidas necesarias para garantizar el ingreso de los agentes y el normal desarrollo de los controles.

Por qué la inspección en el puerto es clave

Sin inspección dentro de la terminal no puede garantizarse la trazabilidad de los residuos. Según explica el documento oficial, el control en el lugar donde se generan, almacenan o depositan inicialmente es un paso esencial para verificar qué material se retira, en qué condiciones se encuentra, quién lo transporta y cuál será su tratamiento final.

Si la intervención federal impidiera el acceso de los inspectores, la consecuencia podría trasladarse de inmediato fuera del perímetro portuario. La Provincia anticipó que, ante la imposibilidad de realizar los controles, deberá adoptar medidas administrativas preventivas respecto de aquellos residuos cuya generación, almacenamiento y entrega no hayan podido ser fiscalizados.

En términos operativos, la intervención podría terminar dejando los residuos dentro del propio puerto. El Ministerio advirtió que podrá ordenar a los operadores habilitados que se abstengan de recibir, ingresar, tratar o disponer materiales procedentes de establecimientos en los que no haya sido posible verificar adecuadamente su origen, almacenamiento, identificación, entrega y trazabilidad. La posible sanción es la retirada de los permisos ambientales que poseen para operar en la ciudad.

Mientras persista la imposibilidad de efectuar las inspecciones, esos residuos podrían quedar impedidos de ingresar al circuito provincial de tratamiento y disposición final. La finalidad, sostiene la Provincia, es evitar que circulen residuos peligrosos cuya trazabilidad no haya sido certificada previamente por la autoridad ambiental competente.

El escenario planteado coloca la responsabilidad directamente sobre la administración federal del puerto: si la ANPYN permite el ingreso de los inspectores, los controles podrán realizarse y continuará el circuito correspondiente; si los bloquea, la Provincia podrá impedir que los residuos no fiscalizados sean recibidos para su tratamiento fuera de la terminal portuaria.

La advertencia no se limita a las consecuencias operativas. El documento firmado por el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, deja expresamente a salvo las actuaciones y responsabilidades que pudieran corresponder ante una eventual obstaculización de las tareas de fiscalización.

De este modo, la presentación de los inspectores provinciales permitirá determinar si la intervención federal reconoce en los hechos las competencias ambientales de Tierra del Fuego o si abre un nuevo conflicto institucional. Y esta vez la controversia podría tener una consecuencia inmediata y visible: sin control ambiental dentro del puerto, los residuos alcanzados por esa fiscalización no tendrán vía habilitada para ingresar al sistema provincial de tratamiento, con las gravísimas consecuencias que esto podría traer para el desarrollo de la temporada de cruceros que inicia en las próximas semanas.