Ushuaia: Nación dijo que el puerto estaba destruido y después pagó para que se lo confirmen
La Nación intervino el Puerto de Ushuaia por fallas graves y después pagó un relevamiento para saber cómo estaba. Quién quedó a cargo del estudio y por qué lo firmó un organismo que está en liquidación: la trama que nadie explica.
La intervención del Puerto de Ushuaia que la Nación justificó con un cuadro de fallas estructurales y problemas de seguridad tuvo un paso siguiente llamativo: meses más tarde, el propio Estado adjudicó por $80 millones más IVA un estudio para conocer el estado de esas mismas instalaciones.
La contratación, la Licitación Privada 03/2026, recayó el 13 de julio en Nadir Soluciones Integrales SAS, la única firma que se presentó. Su oferta quedó a $162.690 del presupuesto oficial de $80.162.690, apenas un 0,20% por debajo.
El dato abre una pregunta incómoda sobre el diagnóstico que usó el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, para desplazar a las autoridades provinciales del puerto fueguino.
Qué se sabía y qué se quiso averiguar
En enero, la ANPYN había sostenido que las instalaciones presentaban deficiencias que comprometían su funcionamiento. Pese a ese diagnóstico, la Administración General de Puertos (AGP), sociedad anónima unipersonal en liquidación que conduce Juan Bernasconi, consideró necesario contratar un relevamiento para tener información actualizada.
El contrato incluye el relevamiento de infraestructura portuaria y tareas de regularización dominial. Fija un plazo de 120 días hábiles desde la orden de compra, pero la fecha de ese documento no aparece en la información oficial publicada, por lo que no puede establecerse cuándo arrancaron los trabajos ni cuándo deberían cerrarse.
El portal especializado GlobalPorts afirma que Nadir ya ejecutó el estudio de Ushuaia y lo cita como antecedente de una contratación posterior. No hay constancias oficiales de su entrega ni se conocen públicamente sus conclusiones.
Las deficiencias que motivaron la intervención
El 20 de enero de 2026, la Resolución 4/2026 de la ANPYN dispuso la intervención administrativa del puerto por doce meses. La medida se apoyó en inspecciones hechas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025.
Según el organismo, allí se detectaron la ausencia de pilotes en el Sitio 3, el deterioro de tablestacas, daños en las defensas de atraque, problemas en las superficies operativas, sistemas contra incendios obsoletos y dificultades para separar el tránsito de pasajeros y de cargas.
La ANPYN evaluó que esas condiciones ponían en riesgo la seguridad y el funcionamiento de una terminal clave para los cruceros, el comercio y las operaciones antárticas.
Que después se contratara un estudio no implica que las fallas denunciadas no existieran. Pero deja flotando la duda de qué información adicional necesitaba la Nación si ya daba por conocido el estado crítico del puerto.
Una empresa sin antecedentes portuarios a la vista
Nadir Soluciones Integrales SAS se constituyó en junio de 2018, según el Boletín Oficial del 11 de ese mes. La fundó Mariano Andrés De Lauretis con un capital inicial de $19.000.
Una publicación societaria de mayo de 2024 ubica a De Lauretis y a Lucas Nahuel Baio como administradores titulares, e Ingrid Raichensztein como suplente. La firma declara actividades de arquitectura, ingeniería y asesoramiento técnico, además de topografía, sistemas de información geográfica y tecnologías de medición.
En la búsqueda de antecedentes públicos no aparecen adjudicaciones anteriores a 2026 que acrediten trabajos similares en infraestructura portuaria. Durante la evaluación de la licitación de Ushuaia se marcaron además indicadores de baja liquidez, solvencia reducida y alto endeudamiento. Aun así, la empresa fue considerada apta para contratar.
La segunda adjudicación: $2.550 millones
El 9 de octubre, por la Resolución 60/2026, la ANPYN le adjudicó a la misma firma otro contrato: relevamientos georreferenciados de infraestructura portuaria en todo el país, por $2.550 millones. Otra vez fue la única oferente.
El servicio prevé doce meses, con posibilidad de renovación, y se instrumenta con un sistema de orden de compra abierta. Por la similitud de las tareas, queda por determinar si el contrato nacional también abarca instalaciones del puerto fueguino.
Dos organismos para servicios parecidos
Hay otra diferencia administrativa. El relevamiento específico de Ushuaia lo contrató la AGP, mientras que el estudio de alcance nacional lo licitó directamente la ANPYN.
El punto importa porque el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025 dispuso la disolución y liquidación de la AGP, cuya intervención quedó limitada a ese proceso. La misma norma creó la ANPYN como única autoridad portuaria nacional y continuadora jurídica de las competencias de la empresa estatal.
Cuando se convocó la licitación de Ushuaia, el puerto ya estaba bajo intervención de la ANPYN, que después contrató a la misma empresa para tareas similares en todo el país. Queda por explicar por qué el estudio específico lo tramitó una sociedad en liquidación y no la agencia que ya administraba el puerto, quién pidió el trabajo, con qué fondos se financió, quién debía controlarlo y qué dependencia debía recibir y aprobar los resultados.
La diferencia entre ambos procedimientos no prueba una irregularidad, pero exige una explicación sobre las competencias de cada organismo y los motivos para usar dos estructuras administrativas distintas en servicios de características semejantes.
Obras anunciadas y resultados que no se ven
Desde que asumió la administración, la ANPYN anunció el recambio de 75 defensas de atraque, con una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, y avances en la contratación para modernizar la videovigilancia.
Los anuncios no permiten establecer qué obras se terminaron efectivamente ni qué pasó con otras deficiencias denunciadas, como los pilotes faltantes, las tablestacas deterioradas y los sistemas contra incendios.
A casi nueve meses de la intervención, falta información pública para evaluar sus resultados. Si el estudio ya se hizo, como sostiene GlobalPorts, sus conclusiones permitirían medir el alcance real de las fallas y las reparaciones necesarias. Publicar ese informe junto con las certificaciones de las obras ejecutadas sería el camino para saber qué se solucionó y en qué condiciones está hoy el Puerto de Ushuaia.