Ushuaia tuvo 23 años para decidir el futuro de las tierras de la Armada y no hizo nada

La subasta nacional de nueve hectáreas costeras en Bahía Golondrina y el lote de la Base Naval expuso una deuda local que lleva más de dos décadas sin saldar. Mientras la oposición política se indigna y reclama soberanía, la ciudad ya había planificado integrar esos predios a su trama urbana desde 2003. El martillo del rematador apura una discusión que nunca debió postergarse.

La decisión del Gobierno nacional de subastar tierras de la Armada en Ushuaia, mediante la Resolución 101/2026 de la AABE, desató una catarata de comunicados y críticas. Sin embargo, el Plan Estratégico Ushuaia, publicado en 2003 tras dos años de talleres participativos, ya consideraba esos terrenos como una oportunidad y no como una amenaza. El diagnóstico del eje urbano ambiental los definía como «una barrera de la trama urbana» y hasta un «anacronismo para el desarrollo de la ciudad».

En la matriz FODA de ordenamiento urbano, la ciudad anotó entre sus oportunidades la «intención de la Armada de desafectar el sector norte de la Base Naval, Monte Gallinero y Bahía Golondrina». Los mismos predios que hoy se presentan como intocables baluartes de la soberanía nacional. El Plan Urbano posterior clasificó a la Península y Bahía Golondrina (21 hectáreas) como áreas de expansión, y a la Base Naval (26 hectáreas) y Monte Gallinero como áreas de completamiento urbano.

¿Qué pasó con los planes?

Entre la publicación de aquellos planes y la subasta pasaron veintitrés años. Los convenios entre la Municipalidad, la Armada y la Provincia, que estaban en trámite en 2003, se dejaron caer sin que nadie los retomara con constancia. El antecedente más cercano fue la asignación del predio de Bahía Golondrina al programa Procrear en 2012, que no prosperó. La ciudad tuvo tiempo de sobra para prepararse, pero no lo hizo.

Ahora, con el martillo del rematador en el aire, se discute si esos suelos deben destinarse a vivienda social, a espacio público o a desarrollo inmobiliario. El propio Plan Urbano incluía a los operadores privados como financistas de los proyectos, siempre bajo reglas públicas claras. La crítica al procedimiento —una subasta al mejor postor sin articulación local— tiene fundamento, pero la omisión de la planificación local es igual de grave.

Algunas hectáreas tienen valor patrimonial genuino: el primer edificio del presidio, el antiguo cementerio y sectores de potencial arqueológico. Otras deben incorporarse al desarrollo urbano con usos mixtos y acceso al borde costero. Ushuaia discutió su futuro una vez, en serio, con todos sentados alrededor de la misma mesa. El resultado está escrito. Ahora falta preguntarse por qué, después de 23 años, todavía no hay un plan para comprar, proteger o transformar esas tierras.