Usó su matrícula para conectar a presos narco con el exterior: la condena que lo dejó sin libertad y sin título

El abogado Iván Carlos Méndez, detenido en septiembre de 2025, fue condenado a 6 años de prisión por la Justicia Federal de Rosario. La sentencia, que también incluyó una multa y la inhabilitación especial por 8 años para ejercer la profesión, fue dictada por el juez federal de Garantías Carlos Vera Barros, quien homologó un acuerdo pleno presentado por el Ministerio Público Fiscal y aceptado por el propio Méndez, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

La investigación reveló que Méndez no era un abogado defensor común. Para los fiscales, usaba la matrícula y el acceso privilegiado a los penales para llevar y traer mensajes de internos sometidos a regímenes de aislamiento o de alto riesgo, manteniendo en funcionamiento estructuras criminales que, aun con sus jefes presos, conservaban capacidad de mando sobre bienes, negocios y personas en libertad.

¿Cómo operaba el “abogado mensajero”?

La acusación fue sostenida por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, representada por el fiscal Matías Mené, y por la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo del fiscal Diego Iglesias, junto al secretario Matías Lucena Vernengo. Durante las audiencias, realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de abril, la Fiscalía expuso como evidencias intervenciones telefónicas, registros de visitas penitenciarias y documentación secuestrada. Ese material permitió reconstruir el rol de Méndez como nexo entre presos de alto perfil y sus entornos externos.

Entre los internos con los que mantenía contacto aparecieron nombres conocidos del crimen organizado: Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico; Mario Roberto Segovia, el “Rey de la Efedrina”; Martín Lanatta, condenado a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, de la banda de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del barrio Padre Carlos Mugica; y Cristian “Pupito” Avalle, condenado a perpetua e identificado como jefe de una estructura ligada a Los Monos.

Los delitos que se le imputaron

Méndez fue condenado por asociación ilícita; encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad; lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; confabulación de dos o más personas para el tráfico de drogas; y acopio de piezas y municiones de armas de fuego. Todos los delitos fueron considerados en concurso real.

Según la acusación, el abogado integró esa asociación ilícita al menos entre el 29 de enero y el 17 de septiembre de 2025, día en que fue detenido. El objetivo del grupo era mantener activa la disposición sobre bienes de origen ilícito y sobre actividades criminales de distintas organizaciones, a través del intercambio de información, la retransmisión de mensajes y gestiones realizadas por Méndez.

El caso ya había sido presentado como el del “abogado mensajero”. Méndez fue detenido cuando salía del penal de Ezeiza, donde había visitado a César Morán de la Cruz. En aquel operativo le secuestraron teléfonos y cartas que debían ser entregadas a personas del entorno del detenido.

La pesquisa mostró que su actividad era habitual. Méndez visitaba cárceles federales donde se encuentran alojados presos bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, un régimen que busca restringir la capacidad de comunicación de internos considerados peligrosos o con poder de mando sobre organizaciones criminales.

Para los fiscales, el abogado no usaba esas entrevistas para diseñar estrategias jurídicas ni para ejercer una defensa técnica, sino para garantizar comunicaciones prohibidas o restringidas. Su condición profesional le permitía entrar donde otros no podían y trasladar mensajes sin pasar por los controles ordinarios.

Las maniobras concretas

Entre los hechos puntuales, la Fiscalía mencionó la triangulación sistemática de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades. También se le achacó haber actuado como enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Mugica, en Retiro, para transmitir información y coordinar gestiones.

Otra de las maniobras fue la intermediación para que Mario Segovia analizara la compra de un campo perteneciente a Morán de la Cruz. Además, entre febrero y agosto de 2025, Méndez habría intervenido en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15 mil dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021.

El allanamiento que lo terminó de hundir

El 17 de septiembre de 2025, cuando fue detenido, la Policía Federal allanó su domicilio de Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica, ex Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se secuestraron 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros y tres cajas de municiones. También se encontraron 120 municiones y piezas para el armado de un fusil de asalto AR-15, similares a las que, según investigaciones previas de Procunar, importaba y contrabandeaba Mario Segovia desde el penal de Ezeiza.

Además de la pena de prisión y la inhabilitación profesional, la resolución judicial dispuso decomisos: la destrucción de la droga, la balanza, las piezas del arma, el cargador y las municiones. También fueron decomisados 240.700 pesos y dos vehículos —un auto y una camioneta—, que quedarán a disposición de la Unidad de Información Financiera. La Justicia también ordenó la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la causa.