Usurpó un terreno en la Capital: el insólito plan del comerciante que terminó con una condena

Un comerciante de 52 años fue condenado a dos años de prisión en suspenso por usurpar un terreno en pasaje Amenábar al 4300, en la zona noroeste de San Miguel de Tucumán. La maniobra incluyó expulsar al poseedor, bloquear el acceso con un auto y reemplazar el cerramiento por un portón con candado.

La jueza María Alejandra Balcázar dictó la sentencia este jueves, tras el juicio oral impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. El fiscal Fernando Blanno, junto a las investigadoras Daniela Briz Tomás y Sofía Alderete Bimbi, demostró que el acusado actuó con plena intención de apropiarse del inmueble.

¿Cómo fue la maniobra de despojo?

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. El primer día, la víctima estaba en el terreno con su esposa cuando el comerciante llegó en actitud agresiva, lo expulsó y le aseguró que la propiedad era suya.

Dos días después, el damnificado intentó regresar pero se encontró con que un automóvil del acusado bloqueaba la entrada. Finalmente, el 4 de noviembre, aprovechando la ausencia de la víctima, el comerciante ingresó con un grupo de trabajadores, retiró los postes y la tela de alambre, e instaló un portón de chapas de zinc asegurado con cadena y candado.

El fiscal Blanno detalló en su alegato: "En un pasaje sin salida procedió a la apertura de una puerta en la pared medianera para conectar el terreno con su propia vivienda y colocó un medidor eléctrico, lo que revela una clara voluntad de ocupación. Tuvo el dominio pleno del hecho, contrató herreros para retirar el cerramiento existente y montar un portón".

¿Qué otras medidas adoptó el acusado?

El comerciante conservó la llave del candado hasta el 20 de mayo de 2025, cuando el terreno fue restituido a su poseedor. Ese día entregó la llave, lo que, según el fiscal, evitó una escalada mayor del conflicto.

Además de la pena de prisión en suspenso, el condenado deberá cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de contactar u hostigar a la víctima. La jueza Balcázar hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y destacó que las pruebas fueron contundentes.