Vaca Muerta: luz verde a un proyecto de u$s12.000 millones que exportará casi todo lo que produzca

El Gobierno nacional dio el visto bueno para que un megaproyecto petrolero en Neuquén se sume al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de u$s12.240 millones impulsada por la unión transitoria entre Gas y Petróleo del Neuquén SA (GyP) y Pluspetrol Cuenca Neuquina SRL, que quedó formalizada por la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de Juan Bautista Mahiques.

El proyecto se llama “Exploración, Producción, Tratamiento y Transporte de Hidrocarburos Bajo del Choique - La Invernada” y fue encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría del régimen pensada para consolidar a la Argentina como proveedor de largo plazo en mercados donde el país tiene una participación menor al 10%.

De acuerdo con el informe que presentaron las empresas, el 92% de la producción se destinará a la exportación y la iniciativa no generará distorsiones en el mercado local.

Dónde está el área y qué tamaño tiene

El yacimiento se ubica en el centro-norte de Neuquén, a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces, en la porción norte de la Cuenca Neuquina conocida como “Hub Norte”. La superficie aproximada es de 400 kilómetros cuadrados.

620 pozos y cuatro plantas de tratamiento

El plan contempla la perforación y puesta en producción de 620 pozos horizontales no convencionales, organizados en locaciones de seis sondeos cada una, con ramas laterales de 3.300 metros en promedio.

También prevé construir y operar cuatro plantas de tratamiento de producción temprana, cada una con capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos diarios de gas natural. En conjunto, la capacidad instalada llegará a 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La infraestructura se completa con un oleoducto de 45 kilómetros que llevará el crudo hasta la terminal Auca Mahuida, un gasoducto de 20 kilómetros para evacuar el gas asociado, sistemas de tratamiento y reinyección del agua de producción, líneas de recolección, infraestructura eléctrica, caminos internos, un área industrial y campamentos.

Dos etapas de inversión

La ejecución está dividida en dos tramos. El primero va de mayo de 2025 a fines de 2037 y demanda u$s4.175 millones: incluye el desarrollo de la zona sur del área, la perforación de 206 pozos, la puesta en marcha de las dos primeras plantas —con capacidad para 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos diarios de gas— y la construcción del oleoducto y el gasoducto.

La segunda etapa se desarrollará entre septiembre de 2026 y fines de 2041, requerirá u$s8.065 millones y apuntará a la zona norte, La Invernada, con otros 414 pozos y las dos plantas restantes.

La resolución fija la adhesión al régimen el 10 de septiembre de 2026 y establece que el plazo para cumplir con el monto mínimo de inversión vence el 30 de abril de 2029. En los dos primeros años, las empresas prevén invertir u$s1.527 millones, por encima del 20% del mínimo exigido para esta categoría.

Los beneficios que habilita el RIGI

Con la aprobación, el proyecto accederá a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del régimen. La norma aprueba el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia, instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a generar una CUIT especial para el proyecto y le encomienda al Banco Central aplicar los incentivos cambiarios. Además, acepta que las controversias se resuelvan mediante los mecanismos de arbitraje previstos en la ley.

El proyecto contó con la recomendación favorable del Comité Evaluador de Proyectos RIGI y con la intervención sin objeciones del BCRA y de la Procuración del Tesoro de la Nación. También participó la Cancillería, que en el marco de la Ley 26.659 concluyó que ni las empresas ni sus socios incurrieron en las conductas prohibidas por esa norma. La Secretaría de Energía quedó a cargo de fiscalizar el cumplimiento del proyecto.