Vacunatorio VIP: quién es la jueza que define el futuro de los acusados

La causa por las vacunas privilegiadas durante la pandemia avanza con una serie de indagatorias que podrían cambiar el rumbo de la investigación. El escándalo que sacudió al gobierno de Alberto Fernández vuelve a los tribunales de Comodoro Py.

La investigación por el denominado Vacunatorio VIP entró en una etapa decisiva. Las indagatorias comenzaron el 2 de este mes y se extenderán hasta el 9 de diciembre en los tribunales federales de Comodoro Py. La primera en declarar fue la médica Lucía Antolini, quien rechazó las acusaciones en su contra.

El caso remite a uno de los episodios más cuestionados de la gestión de Alberto Fernández: durante la emergencia sanitaria por coronavirus, cuando las vacunas contra el Covid-19 eran un recurso escaso y la población esperaba su turno, un grupo de personas accedió a las dosis por fuera de los criterios de prioridad establecidos. La cercanía con el poder político funcionó como una credencial más valiosa que la vulnerabilidad médica o la exposición al virus.

Qué investiga la Justicia

El fiscal Eduardo Taiano busca determinar si quienes recibieron esas vacunas tuvieron participación necesaria en el delito de peculado, es decir, en el desvío o la disposición indebida de bienes administrados por un funcionario público. Según la acusación, los beneficiarios habrían contribuido a consumar los hechos al aceptar las dosis sabiendo que no integraban los grupos habilitados para recibirlas de manera prioritaria.

Para el fiscal, esas intervenciones favorecieron el agotamiento de un recurso escaso y privaron de su acceso a personas con una urgencia legítima. La Justicia deberá establecer las responsabilidades penales, aunque la dimensión ética y política del episodio ya excede el resultado de las indagatorias.

Mientras médicos, enfermeros y trabajadores esenciales arriesgaban sus vidas, y mientras adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes aguardaban un turno, hubo quienes encontraron un atajo para obtener lo que debía distribuirse con criterios sanitarios. Los responsables intentan justificar lo ocurrido como una mera transgresión burocrática, pero se trató de un quiebre inadmisible de la igualdad ante la ley en medio de una tragedia humanitaria colectiva.

Cómo salió a la luz el escándalo

El caso se destapó a partir de una investigación periodística que reveló la existencia de vacunaciones reservadas en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para personas elegidas a dedo por funcionarios. La revelación provocó la renuncia del entonces ministro Ginés González García, quien fue investigado pero no llegó a ser procesado. Falleció en 2024.

La salida del funcionario no alcanzó para acallar los ecos de un gobierno que debía garantizar transparencia, equidad y cuidado, pero eligió lo contrario. La administración de una emergencia sanitaria exige reglas claras y controles rigurosos, no circuitos reservados para quienes tienen acceso a ciertos despachos.

Quiénes fueron convocados a declarar

Entre las personas llamadas a indagatoria figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, y el periodista Horacio Verbitsky. También fueron convocados Seza Manukian, Lourdes Noya, Matilde Noya, Dolores Noya, Félix Eulogio Guille, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, María Eva Duhalde, Juliana Duhalde, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango, Marcelo Jorge Duhalde, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua, Esteban Collazo, Hugo Curto, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor Devoto.

La investigación deberá precisar qué ocurrió en cada caso y qué conocimiento tenía cada beneficiario sobre las condiciones en las que recibió la vacuna.

Hasta el momento, solo tres personas fueron procesadas en el expediente: Marcelo Ariel Guille, exsecretario de González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias, y Alejandro Maceira, exdirector del Hospital Posadas. La jueza María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo la causa.

Un caso que excede lo judicial

El Vacunatorio VIP fue mucho más que un escándalo de nombres conocidos. Expuso una concepción del Estado en la que los recursos públicos se usaron como instrumentos de favor político, mientras el resto de la sociedad debía someterse a reglas que los amigos del poder salteaban descaradamente. Una emergencia que exigía solidaridad se convirtió en una oportunidad para sacar provecho individual. La gravedad está marcada por el bien supremo que estaba en juego: la vida de las personas.

La Justicia debe actuar con celeridad, independencia y sin excepciones. Es indispensable establecer cómo se distribuyeron las dosis, quiénes hicieron posible las irregularidades y qué responsabilidad le corresponde a cada uno. La memoria de los que murieron, de quienes cuidaron a los enfermos y de aquellos que esperaron vanamente su vacuna exige una respuesta seria. Ya ha pasado demasiado tiempo sin justicia.

El Vacunatorio VIP permanece como una de las expresiones más miserables de la cultura del privilegio. La impunidad no puede ser el último capítulo de esta trágica historia.