Van a la Justicia por las obras contra las inundaciones y apuntan al ministerio de Katopodis

Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura bonaerense porque, según denuncian, nunca les contestaron un pedido de información sobre las obras hidráulicas y los fondos para prevenir inundaciones. El reclamo apunta a la cartera que conduce Gabriel Katopodis y quedó en manos de la Justicia de Trenque Lauquen.

La presentación se hizo el 22 de octubre ante la Receptoría General de Expedientes de esa ciudad. Los productores, dueños de campos en Carlos Casares que pidieron mantener su identidad en reserva, buscan que un juez obligue al gobierno provincial a detallar qué trabajos están proyectados, cuáles ya se ejecutaron, cuánta plata se asignó y qué obras siguen sin arrancar.

Consultado por LA NACION, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aseguró que va a "contestar el pedido de informes a la brevedad".

El pedido original y el silencio

El conflicto arrancó el 22 de julio, cuando los productores formalizaron una solicitud de información pública ante la cartera provincial. Pidieron precisiones sobre las obras previstas en la cuenca del río Salado, en especial en la subregión A3, un área castigada por la acumulación de agua y los anegamientos.

Según el amparo, el Ministerio "no contestó el pedido, no puso documentación a disposición, no comunicó prórroga, no derivó formalmente la solicitud a otra autoridad, no invocó excepción legal y no informó la inexistencia de documentación". El plazo legal de 30 días hábiles venció el 3 de septiembre y, sin respuesta, decidieron recurrir a la Justicia.

Qué quieren saber sobre los $2,3 billones

Uno de los ejes centrales del reclamo es el destino del dinero que el gobierno de Axel Kicillof anunció para prevenir inundaciones. En agosto pasado, el mandatario presentó un plan provincial con una inversión declarada de más de $2,3 billones, que incluye obras hidráulicas, sistemas para monitorear lluvias y niveles de agua, y medidas de emergencia.

Los productores quieren saber si ese plan fue aprobado oficialmente, qué organismos lo ejecutan y qué estudios respaldan la ubicación de las obras. También exigen que se aclare si los fondos ya estaban contemplados en el presupuesto provincial de 2026 o si provienen de créditos o préstamos internacionales.

En concreto, piden el detalle de cuánto se destinó a cada obra, cuánto se pagó hasta ahora, qué empresas fueron contratadas y en qué estado se encuentran los trabajos: terminados, iniciados o pendientes. Para comprobarlo, solicitaron documentos oficiales, contratos, comprobantes de pago e informes de avance.

"Solicitamos expresamente que no se brinde una respuesta meramente genérica, narrativa, incompleta o de remisión imprecisa a páginas web, sino información documental concreta, verificable, trazable y vinculada a expedientes, partidas, obras, contratos, pagos y responsables determinados", plantearon en la presentación.

Las obras bajo la lupa

El reclamo abarca un listado de trabajos hidráulicos en la cuenca del Salado. Entre ellos figuran las tareas en el arroyo Saladillo y el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este, las obras en la laguna Municipal de Bragado y el canal República de Italia-Mercante-Jauretche.

También piden detalles sobre el canal al sur de la ruta nacional 5, el sistema Belloq-Cadret-La Sofía, la estación de bombeo del complejo lagunar Hinojo-Las Tunas y los controles sobre canales construidos sin autorización.

El pedido incluye además las obras realizadas desde enero de 2024 en Carlos Casares, sobre todo las vinculadas con caminos rurales inundados, alcantarillas, canales, puentes y trabajos para facilitar la salida del agua de los campos. Y suman las medidas que tomó el Ministerio durante 2025 y 2026 frente a las inundaciones, los problemas de circulación en caminos rurales y las dificultades de algunos productores para llegar a sus establecimientos.

La urgencia por la información

Los productores sostienen que necesitan esos datos para saber qué obras se harán en la zona donde tienen sus campos y qué se hizo para reducir el riesgo de nuevos anegamientos. En el amparo advirtieron que cada día de demora les impide conocer si el plan fue aprobado, qué diagnóstico lo sustenta, qué recursos se asignaron y cuál es el avance físico y financiero.

"Cada día de demora impide saber si el plan fue formalmente aprobado, qué diagnóstico lo sustenta, qué obras alcanzan a la Subregión A3 y a Carlos Casares, qué recursos fueron asignados, quién los administra, cuál es el avance físico y financiero y qué medidas se adoptaron frente a los riesgos hídricos identificados", señalaron.

También remarcaron que la información pierde valor si llega tarde, porque las obras y las medidas preventivas están atadas a las lluvias previstas para los próximos meses. "La información recibida después de ejecutadas las partidas, celebradas las contrataciones, vencidas las etapas de obra o atravesado el período preventivo pierde parte sustancial de su utilidad para el control, la participación y la adopción de decisiones informadas", expresaron.

Los productores aclararon que no le piden a la Justicia que evalúe si las obras alcanzan o si las decisiones del gobierno son acertadas. Solo buscan que el Ministerio responda y entregue la documentación. "Esta acción persigue exclusivamente el cese del silencio estatal y la efectividad del derecho autónomo de acceso a información pública", concluyeron.