Vecinos del Camino del Perú esperaron años una respuesta: el Concejo aprobó el plan que cambia la arteria

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán le dio luz verde a una ordenanza que encomienda al Ejecutivo municipal armar y ejecutar un Plan Integral de Reordenamiento Vial y Urbano del Camino del Perú, con la mira puesta en uno de los corredores que más dolores de cabeza genera a quienes se mueven entre la capital y el oeste del Gran San Miguel de Tucumán.

La iniciativa la firmaron los concejales Facundo Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Juan Carlos Ale y Emiliano Vargas Aignasse. El cuerpo la respaldó, aunque el debate dejó expuestas dudas sobre quién tiene la competencia para meter mano en esa arteria.

Una arteria que quedó chica

Al presentar el proyecto, el oficialista Facundo Vargas Aignasse planteó que la ciudad ya no puede mirar para otro lado. “Hoy tenemos una oportunidad concreta de dar un paso hacia adelante ante la problemática que vienen viviendo los vecinos del Camino del Perú”, afirmó.

Su diagnóstico apunta al crecimiento urbano y demográfico del área metropolitana, que terminó desbordando la capacidad de la infraestructura. “Estamos hablando justamente de una arteria que quedó chica frente al crecimiento del área metropolitana que se viene dando en estos últimos años en San Miguel de Tucumán”, señaló.

En ese corredor conviven autos, camiones y motos, con maniobras peligrosas y siniestros frecuentes como telón de fondo. La ordenanza busca intervenir el tramo que va desde la avenida Belgrano hasta el límite norte de la jurisdicción capitalina.

El carril para motos, la novedad del proyecto

El punto que más llamó la atención es la posibilidad de sumar un carril exclusivo o preferencial para motocicletas, pensado para ordenar la circulación y bajar los riesgos de compartir calzada entre vehículos de distinto porte.

“Proponemos reordenar la circulación de la zona y básicamente proponemos la creación de un carril exclusivo para motocicletas, o preferencial para motocicletas, y mejorar la señalización, como así también la iluminación”, explicó Vargas Aignasse.

El artículo segundo obliga al municipio a hacer un estudio de factibilidad técnica para definir cómo se implementaría ese carril, que podría ser continuo o segmentado según las características del corredor. La norma aclara que cualquier intervención deberá priorizar la seguridad vial y garantizar la convivencia con autos, transporte público y el resto de los medios de movilidad.

Ensanches, semáforos y espacio público

El paquete de medidas incluye demarcación horizontal y señalización vertical, redistribución de calzadas y carriles, elementos de seguridad vial, mejoras en el alumbrado público y reordenamiento de los semáforos. También aparecen sugerencias de accesibilidad y seguridad peatonal, junto con intervenciones paisajísticas y urbanísticas complementarias.

El otro eje fuerte es la chance de ensanchar la calzada en los sectores donde las condiciones técnicas, urbanísticas y dominiales lo permitan. El artículo cuarto manda al Ejecutivo a evaluar y ejecutar la ampliación de la sección vial mediante ensanche, adecuación o reconfiguración del perfil urbano.

Las obras podrían incorporar nuevos carriles, dársenas, bicisendas, espacios peatonales, separadores físicos y áreas verdes, con la idea de optimizar la capacidad de circulación y avanzar hacia una movilidad urbana sustentable.

“Evaluar la posibilidad de poner más ancha la calzada en los lugares que las condiciones técnicas y las condiciones dominiales lo permitan”, resumió Vargas Aignasse. Lo que todavía no está definido es qué sectores se intervendrán ni qué dimensiones tendrán las ampliaciones: eso quedará en manos de los estudios técnicos del municipio.

La objeción de la oposición: ¿quién manda acá?

El radical Gustavo Cobos coincidió con el diagnóstico pero pidió autorización para abstenerse. “Voy a solicitar autorización para abstenerme, porque no quiero entorpecer el avance de esto”, manifestó, y reconoció que la descripción del autor del proyecto reflejaba un problema real.

Cobos ubicó al Camino del Perú entre los principales problemas de movilidad de la provincia, empujado por la expansión de los barrios privados de Villa Carmela en Cevil Redondo, el desarrollo de Lomas de Tafí y la conexión con distintos barrios capitalinos.

Su reparo pasó por otro lado: la jurisdicción. Recordó que la Ley Provincial 5530 fija los límites territoriales de la capital y que la Dirección Provincial de Vialidad identifica el tramo al norte de avenida Belgrano como parte de la Ruta Provincial 315. Sumó a la lista un estudio de factibilidad de Vialidad Provincial de 2016 que habría quedado supeditado al financiamiento, y la Ley Provincial 8915, vinculada con la transformación del corredor en autovía.

“El problema es la competencia”, sintetizó. Y disparó: “¿Quién tiene la competencia de las obras que se deberían realizar ahí según lo que estamos estableciendo, del carril exclusivo, de demarcaciones, de la cuestión de los semáforos, de la iluminación urbana?”.

Reconoció que el proyecto intenta destrabar esa dificultad habilitando convenios con otros organismos y jurisdicciones, pero sostuvo que la definición debía ser previa a cualquier intervención. “No le encuentro que todavía estemos técnicamente acertados en relación a esta situación y, ante la duda, no lo puedo acompañar”, cerró.

Convenios con Yerba Buena, Cevil Redondo y la Provincia

El artículo séptimo autoriza al Ejecutivo a firmar acuerdos de cooperación con la Municipalidad de Yerba Buena, la comuna de Cevil Redondo y el Gobierno de Tucumán, además de otros organismos públicos competentes. La meta es coordinar acciones, ejecutar obras, conseguir financiamiento y encarar intervenciones conjuntas en un corredor cuya importancia excede los límites de la capital.

“Debemos entender que los vecinos de San Miguel de Tucumán no podemos ser rehenes de las jurisdicciones”, afirmó Vargas Aignasse. Y pidió para el Camino del Perú “una solución integral, una decisión política y un trabajo coordinado entre las distintas jurisdicciones involucradas en la temática”.

La norma también contempla la participación de organismos nacionales y provinciales, universidades, colegios profesionales y organizaciones ligadas a la movilidad urbana y la seguridad vial para los estudios técnicos y las propuestas complementarias.

Los vecinos de la capital, en el centro del debate

El oficialista José María Franco salió a responder las dudas sobre competencias y puso el foco en la gente de la capital. Explicó que el crecimiento urbano transformó una arteria que antes cumplía una función de conexión interurbana y rural.

“El problema que tenemos nosotros es que crecimos tanto como ciudad que nuestra ciudad llegó a un punto en el que esa calle, que hoy se toma como calle en algunas partes y que es una ruta en otra, tiene que ver con nuestros ciudadanos”, sostuvo.

Mencionó en particular a las familias de los barrios Congreso y Oeste II y de otros sectores lindantes. “Es un paso obligado para muchas familias, prácticamente la gente que vive en el barrio Congreso, que es parte de la capital, tiene uno de sus accesos por ahí”, señaló.

Sobre las observaciones jurisdiccionales, contó que el proyecto se modificó en comisión para contemplarlas. “Entendemos la duda. Por eso es que el proyecto fue modificado en comisión analizando todos estos tipos de problemas”, afirmó. Y marcó el orden de los pasos: “Obviamente, primero tenés que elaborar un plan y después tenés que llevarlo a la ejecución”.

“La idea es que el municipio elabore el programa teniendo en cuenta la incidencia que tiene el municipio de Yerba Buena, la comuna de Cevil Redondo y las instituciones nacionales y provinciales que tengan que ver con esta ruta, pero nosotros no podemos desatenderlo”, concluyó.

120 días para el informe técnico

El artículo octavo pone un plazo concreto: el Ejecutivo deberá enviar al Concejo, dentro de los 120 días posteriores a la promulgación, un informe técnico preliminar con diagnóstico de la situación vial, propuesta de intervención, etapas de ejecución y estimación presupuestaria.

Con la aprobación, el Concejo le dio marco legislativo a una iniciativa que apunta a reordenar la circulación y mejorar la infraestructura de uno de los corredores clave para la conectividad entre San Miguel de Tucumán y las localidades vecinas. Los montos de inversión, las fuentes de financiamiento y las fechas de inicio de las obras todavía no están definidos.