Más de 70 expedientes abiertos y 24 intervenciones concretas: el número que muestra cómo Mendoza avanza sobre los inmuebles que el delito usa como base. La de calle Necochea ya no está en pie.
Un inmueble del microcentro mendocino dejó de existir como tal. La propiedad de calle Necochea 532/534, en plena Ciudad de Mendoza, fue demolida tras comprobarse que servía como punto de ocultamiento para personas vinculadas a hechos delictivos.
La medida cierra un expediente que el Ministerio de Seguridad y Justicia había abierto meses atrás, cuando los relevamientos policiales y técnicos empezaron a mostrar que ese edificio representaba un riesgo concreto para la seguridad de la zona.
Qué encontraron las inspecciones
El historial del lugar se fue armando con intervenciones sucesivas en el inmueble y sus alrededores. Allí se habían registrado identificaciones y aprehensiones de personas con medidas judiciales pendientes, además de procedimientos vinculados a estupefacientes.
Los informes también daban cuenta de un uso persistente: el predio se empleaba para esconder personas y elementos que, según las sospechas, provenían de delitos.
Uno de los documentos que resultó determinante lleva fecha del 5 de agosto. Lo elaboró la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Capital, que advirtió que la construcción abandonada funcionaba de manera frecuente como refugio después de la comisión de hechos delictivos.
Un edificio que se caía solo
A los antecedentes de seguridad se sumaron las condiciones materiales del inmueble. Las inspecciones detectaron sectores derrumbados, estructuras con riesgo de colapso, accesos sin cerramientos, acumulación de residuos y presencia de roedores.
Los técnicos verificaron además que no había ocupación residencial permanente: el lugar se usaba de manera ocasional para pernoctar.
Con ese panorama, la ministra Mercedes Rus dispuso la intervención administrativa preventiva del inmueble mediante la Resolución 3762, del 19 de agosto. En paralelo, solicitó que las áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza evaluaran las medidas necesarias.
La ley que le dio marco a la demolición
La intervención se apoya en un procedimiento administrativo que la provincia empezó a aplicar y que después quedó respaldado por la Ley Antiaguantaderos 9727, aprobada por la Legislatura en septiembre.
Esa normativa habilita a actuar sobre propiedades usadas para cometer, planificar u ocultar delitos, y también sobre construcciones abandonadas o deterioradas que favorezcan actividades ilícitas.
Hasta ahora, la cartera de Seguridad y Justicia inició más de 70 expedientes y concretó 24 intervenciones. Entre ellas hay demoliciones, tapiados y otro tipo de medidas preventivas, todas orientadas a neutralizar inmuebles que significan un riesgo para la seguridad pública.
