Vecinos denunciaron vertidos al río y la Justicia tomó una decisión que nadie esperaba

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), que seguirá frenada ante el riesgo ambiental y sanitario detectado en la zona. La medida había sido ordenada por el juez federal Hernán Viri a pedido del fiscal Pedro Rebollo.

Los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez rechazaron las apelaciones que habían presentado tres integrantes de la Comisión Administradora del Parque Industrial y el presidente de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU). El fallo acompañó el dictamen del fiscal general José Ignacio Candioti, que había pedido sostener la cautelar por las pruebas acumuladas.

La denuncia que originó todo

La causa arrancó en julio de 2025 con una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, que advirtieron sobre el supuesto vuelco de efluentes industriales al río Gualeguaychú sin el tratamiento correspondiente. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

El 27 de agosto de 2025, durante un allanamiento, se tomaron muestras que luego arrojaron valores por fuera de los parámetros de las normativas provincial y nacional. Los análisis detectaron plomo y bacterias como Escherichia coli, perjudiciales para la salud. Nuevas extracciones en el ingreso al barrio Don Pedro volvieron a encontrar Escherichia coli y metales como aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc.

Audiencias y el pedido de clausura

En febrero y abril se hicieron dos audiencias públicas entre vecinos y autoridades del predio para acordar un plan de acción. En la segunda, el Ministerio Público Fiscal pidió la clausura al considerar que no se habían cumplido los plazos para las obras de acondicionamiento comprometidas por la CODEGU y los responsables del parque.

El 14 de agosto, el fiscal Rebollo solicitó además la indagatoria de 13 personas vinculadas a la Comisión Tripartita Administradora del PIG y al Consejo Superior de la CODEGU, al atribuirles una conducta “sostenida y sistemática” de incumplimiento de las normas ambientales.

Qué argumentó la Cámara

El 16 de septiembre, el fiscal general Candioti dictaminó a favor de mantener la clausura: sostuvo que las pruebas científicas habían demostrado un daño ambiental en al menos tres oportunidades y que la contaminación afectaba especialmente a los vecinos del barrio Don Pedro.

Finalmente, la Cámara Federal de Paraná ratificó la clausura preventiva “hasta tanto se acredite” que los vertidos reciben un tratamiento adecuado y cumplen con la normativa vigente.

Busaniche sostuvo que las pruebas técnicas dieron cuenta de un daño ambiental concreto y persistente en el área de influencia del parque. También consideró acreditada la relación entre la contaminación hallada en la Cañada, a la altura de Las Magnolias y Los Cedros, y los vertidos de la planta, según publicó InformeDigital.

El camarista señaló además que el certificado ambiental del predio estaba vencido desde 2021, lo que, según su voto, evidenció un apartamiento de los estándares mínimos de control estatal.