Vecinos marcaron el lugar y la Justicia hizo algo que no se ve todos los días en Las Flores

Un operativo en el barrio Las Flores de Rosario terminó con dos búnkeres de venta de drogas derribados este viernes. Las estructuras estaban en Pasaje 556, entre 5 de Agosto y Rosa Silvestre, y los trabajos fueron supervisados por el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, junto a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandra Raigal.

Con estas dos intervenciones, la ciudad acumula 86 puntos de venta de estupefacientes inactivados, mientras que en toda la provincia la cifra trepa a 145.

Una investigación que nació del 911

La fiscal Raigal explicó que los derribos se dispusieron después de una serie de allanamientos concretados hace aproximadamente un mes, en el marco de una investigación de la Unidad de Microtráfico que arrancó con llamados de vecinos al 911 alertando sobre la presencia de puntos de venta en la zona.

A partir de esas denuncias, según detalló la funcionaria, "se delegó la investigación a personal de la Policía Federal y se pudo detectar la existencia de este punto de venta, que coincidía con estar al lado de uno que ya se había derribado un año antes".

La pesquisa permitió identificar "12 lugares donde se vendían estupefacientes o se guardaba material estupefaciente". En los allanamientos se secuestró "gran cantidad de material estupefaciente", además de elementos para el corte y fraccionamiento de drogas, balanzas, dispositivos de cobro electrónico, teléfonos celulares y armas de fuego. En la causa hay personas detenidas con medidas cautelares dispuestas.

El rol de los vecinos y la ley de microtráfico

Pereira destacó que la aplicación de la ley de microtráfico habilita "el trabajo integral del Estado" y puso en valor el involucramiento de los vecinos a través de las denuncias al 911. Esos llamados, sostuvo, permiten advertir sobre "la problemática que generan en los barrios y en su entorno estos puntos de violencia, que descomponen todo el tejido social".

La norma fue sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y su aplicación comenzó a principios de 2024. Contempla, entre otras medidas, la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados con actividades delictivas y hechos de violencia altamente lesiva.

La práctica de los derribos, sin embargo, es anterior: se remonta a abril de 2014, cuando el entonces secretario de Seguridad Comunitaria provincial, Ángel Ruani, confirmó la destrucción de tres quioscos de venta de droga en Perú al 3300, 27 de Febrero y Circunvalación, y Uruguay al 3200. Este último había empezado a ser demolido por los propios vecinos del lugar.

Ruani, que trabajó durante la gestión del exgobernador Antonio Bonfatti, recordó: "Ya teníamos una definición política cuando la llegada de Gendarmería se hace con 89 allanamientos en 67 lugares de venta. Cuando se retira Berni, le dice al gobernador sobre la posibilidad de que no se reabran, que ellos iban a apoyar pero que había que romper los que se puedan romper".

El análisis de la posibilidad de derribar edificios usados como búnkeres, en tanto, ya venía siendo evaluado por el gobierno de Bonfatti desde 2012.