¿Cuánto pierde un productor por cada kilo de hoja verde que entrega, según el propio INYM? El número que puso sobre la mesa un director del organismo y que explica por qué las chacras no cierran.
El director por Cooperativas del INYM, Gerardo Vallejos, puso números a la crisis del sector en un documento titulado Situación de la actividad yerbatera. Allí advierte que el productor primario trabaja a pérdida y reclama que el organismo recupere herramientas para intervenir en el mercado.
Vallejos no es un funcionario cualquiera: preside la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP) y tiene una larga trayectoria en la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó. Su diagnóstico apunta directo al eslabón más débil de la cadena.
El número que duele: $477 de costo contra $260 de ingreso
Según el informe, los agricultores cobran hoy entre 260 y 280 pesos por kilo de hoja verde. El costo de producción estimado para agosto de 2026, en cambio, llega a 477 pesos.
La cuenta es contundente: la diferencia representa una pérdida de entre 197 y 217 pesos por kilo comercializado, es decir, entre el 41% y el 45% del costo calculado.
El documento recuerda que en 2023 la materia prima se pagaba entre 380 y 400 pesos, valores que nunca se recuperaron pese a la caída de la cosecha que vino después.
Más ventas, pero el productor no ve la diferencia
Uno de los puntos centrales del planteo es que vender más no equivale a que toda la cadena esté mejor. Las estadísticas del INYM que cita el análisis indican que entre enero y septiembre de este año se despacharon 203,6 millones de kilos al mercado interno y 44,1 millones al exterior.
En total, las salidas de molino sumaron 247,7 millones de kilogramos, un 2% por encima del mismo período de 2025. Sin embargo, el consumo nacional sigue por debajo de 2021, cuando en los primeros nueve meses se habían comercializado unos 210 millones de kilos. Las exportaciones, en cambio, crecieron de 27,6 millones en 2021 a más de 44 millones en el período equivalente de 2026.
Para Vallejos, esos números no alcanzan para resolver los desequilibrios. “Vender más yerba elaborada no significa que la cadena esté mejor. Hay una parte de ella que claramente no es beneficiada”, sostuvo en el documento.
El dirigente remarcó además que la facturación y los márgenes de la industria, los secaderos y los productores responden a lógicas distintas, por lo que cada etapa debe analizarse por separado.
Menos hoja cosechada, mismo precio hundido
El informe también cuestiona que la reducción de la oferta no se haya traducido en mejores valores para el agricultor. Durante 2025 se cosecharon 889,3 millones de kilos de hoja verde, un 9,9% menos que el año anterior. A septiembre de 2026, la producción acumulaba otra caída del 5,5% frente al mismo período de 2025.
Pese a esa tendencia, los ingresos siguen muy por debajo de los costos, lo que compromete la continuidad de numerosas explotaciones.
Vallejos explica que un yerbal exige varios años de inversión antes de alcanzar su potencial productivo. En ese tiempo hay que afrontar mantenimiento, fertilizantes, combustible y mano de obra, y después sumar cosecha y transporte. Cuando el precio no cubre esos gastos, el impacto se traslada directo al funcionamiento de las chacras.
Entre las consecuencias menciona la reducción del mantenimiento de las plantaciones, la paralización de inversiones, las dificultades para pagar la tarefa y el aumento del endeudamiento. También advierte sobre el riesgo de abandono de pequeñas propiedades rurales y sus efectos sociales, incluido el desarraigo. A eso se suman las demoras en los pagos y, en algunos casos, la imposibilidad de cobrar operaciones por valores devueltos.
El DNU 70/2023 y la concentración de la industria
Otro eje del diagnóstico apunta a los cambios en el mercado yerbatero introducidos por el DNU 70/2023 y a las posteriores restricciones a las facultades del INYM. Según Vallejos, esas medidas debilitaron los mecanismos que ordenaban la relación entre oferta y demanda y facilitaron una mayor expansión de las plantaciones, justo cuando el consumo interno crece poco desde hace años.
El dirigente también cuestiona la concentración industrial, que reduce la capacidad de negociación de los productores. Los datos del documento son elocuentes: tres empresas concentran el 49,5% de las salidas de molino, mientras que las diez principales representan el 76,8%. Esa distribución permite que un grupo reducido de compradores influya de manera determinante en las condiciones comerciales.
A diferencia de otros actores de la cadena, los agricultores no pueden guardar la hoja verde durante mucho tiempo para esperar mejores cotizaciones: necesitan entregar la cosecha y cobrar en plazos razonables.
“La libertad de mercado no garantiza por sí sola una distribución equilibrada del valor entre los productores”, concluyó.
Qué le piden al INYM
Frente a este escenario, Vallejos considera que el INYM debe recuperar un rol estratégico en la organización de la actividad, dentro de las facultades que le fija la Ley 25.564. Cuestiona las limitaciones actuales para intervenir en precios y en la relación entre oferta y demanda, y señala la falta de publicación de información económica que permita conocer los costos reales y fijar referencias para negociar.
Entre las medidas prioritarias propone elaborar una matriz de costos, difundir indicadores mensuales verificables y promover acuerdos comerciales con condiciones transparentes. A eso suma mejorar los plazos de pago, facilitar financiamiento para sostener las explotaciones y desarrollar programas de exportación con resultados medibles.
El documento también plantea reforzar la promoción del consumo interno, impulsar nuevos productos y evaluar la efectividad de las acciones comerciales del Instituto. Para el dirigente, contar con información sobre precios efectivamente cobrados, márgenes industriales, existencias y costos de cosecha permitiría identificar con precisión dónde se originan los desequilibrios.
Una actividad estratégica para Misiones
En el tramo final, Vallejos insiste en que la situación yerbatera no puede medirse solo por las toneladas comercializadas o el crecimiento de las exportaciones. La actividad sostiene miles de explotaciones agrícolas y genera movimiento en secaderos, molinos, transporte y comercios de Misiones y Corrientes.
Por eso considera indispensable fortalecer la coordinación entre el INYM, las autoridades nacionales y los gobiernos provinciales, con políticas que sostengan la producción y mejoren su rentabilidad. También plantea que Misiones avance hacia un modelo con mayor desarrollo industrial y comercial, en lugar de limitarse a abastecer de materia prima a los principales compradores.
La propuesta incluye construir indicadores periódicos para evaluar si las medidas implementadas efectivamente mejoran los ingresos de los productores.
