Venden AySA por USD 340 millones, pero dos de los nuevos dueños ni figuraban en el registro

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) está a días de formalizarse con la firma del contrato en la sede de la empresa, sobre la calle Tucumán. Pero el proceso quedó marcado por dos de las cuatro sociedades que integran el consorcio comprador nunca estuvieron inscriptas en la Inspección General de Justicia (IGJ) durante la licitación que les permitió quedarse con el servicio de agua potable y cloacas de la Ciudad y 26 partidos del Gran Buenos Aires.

El paquete accionario estatal se transfirió por USD 340 millones a un operador estratégico repartido así: Rowing SA (20%), Transclor (10%), Arcos Saneamento e Participações (15%) y PHX Aqua AR BV (55%). Las dos últimas, ambas de origen extranjero, entraron al negocio sin cumplir con el trámite registral que exige la ley para las firmas foráneas que participan de una sociedad anónima argentina.

El calendario que no cierra

El llamado a licitación se publicó el 14 de mayo de 2026, las ofertas se abrieron el 8 de octubre y la adjudicación se comunicó el 20 de ese mes. Según los registros oficiales que revisó TN, a esa fecha PHX Aqua —dueña del 55% del paquete— todavía tenía la inscripción en trámite, mientras que la brasileña Arcos Saneamento ni siquiera la había iniciado.

El abogado porteño Fernando Horacio Cao se presentó el 7 de septiembre ante la IGJ como representante legal de PHX y pidió registrar a la sociedad extranjera. La firma se había constituido apenas 15 días antes en Ámsterdam. La inscripción recién se completó el 21 de octubre, un día después de la adjudicación.

El caso de Arcos Saneamento es todavía más llamativo. La empresa cumplirá el rol de socio técnico del operador que explotará durante al menos 30 años el suministro de agua y cloacas para más de diez millones de personas. Su representante legal presentó los papeles el 3 de noviembre, un mes después de la apertura de ofertas y 15 días después de la adjudicación. Solo entonces arrancó el "proceso de estudio precalificado" que debe pasar por la Oficina de Sociedades Extranjeras del organismo.

El orden que la ley pide y el que se usó

El abogado especialista en sociedades Salvador Paz Menéndez explicó a TN que "en principio, aquellas sociedades que vengan a formar parte de una sociedad anónima inscripta en la IGJ, como es el caso de AySA, deben estar inscriptas en el mismo Registro Público como accionistas extranjeros en los términos del artículo 123 de la ley General de Sociedades, N°19.550".

Ese trámite exige presentar el estatuto extranjero, un certificado de vigencia, una resolución de la casa matriz que apruebe la participación en una sociedad anónima local, la aceptación del cargo del representante legal —con indicación de si es una persona políticamente expuesta— y, sobre todo, la identificación de los beneficiarios finales.

"La declaración jurada de beneficiario final es obligatoria, es un requisito taxativo para la inscripción de la sociedad extranjera y de cualquier entidad jurídica", detalló Paz Menéndez. Y agregó: "En ella debe indicarse la o las personas humanas que ejerzan el control directo o indirecto, o bien el control final de la sociedad. Se considera beneficiario final a la/s persona/s humana/s con al menos el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica u otra estructura, o quien ejerza control por otros medios".

El letrado también marcó una diferencia clave con la normativa anterior: "Deben decir quiénes son sus beneficiarios finales, que no es lo mismo que declarar quiénes son sus accionistas, un requisito que figuraba en la resolución general anterior de la IGJ, la N° 7/2015, y en la Resolución 15/2024 se eliminó, con el propósito de alentar las inversiones en Argentina y desburocratizar los requisitos para la inversión extranjera".

Un nombre que no aparece

La identidad del beneficiario final de PHX Aqua sigue siendo un misterio a días de que se firme el contrato. TN pidió formalmente el dato a la IGJ y el organismo lo rechazó: "No se entregan copias simples ni certificadas de las Declaraciones Juradas de Beneficiario Final", respondió, sin precisar qué norma impediría difundir esa información.

El medio también reclamó la declaración jurada al propio Cao, representante legal de PHX, que prefirió no contestar. Los voceros del grupo comprador evitaron el nombre y se limitaron a describir a la sociedad como "un vehículo liderado por Walter Román y Mauricio Filiberti" que permitirá "acceso a inversores y financiamiento local o del exterior".

Una oficina en el centro y un fondo en Curazao

El domicilio legal declarado por PHX Aqua AR es una oficina en Reconquista 336, piso 8, en pleno microcentro porteño. La sociedad se constituyó el 21 de agosto en Países Bajos con un capital de 1 euro y un único accionista: PHX Aqua Limited, una estructura creada al mismo tiempo en Londres con un capital de 1 libra. Detrás de ambas aparece Phoenix Global Investment Fund, un fondo radicado en Curazao en 2016 y regulado por el Banco Central de Curaçao y Sint Maarten, según su propio sitio web, que no identifica a ninguna persona humana.

A esa cadena de sociedades armadas contrarreloj se suma PHX Holding Argentina SA, cuya "constitución urgente" la IGJ comenzó a tramitar el 4 de septiembre.

Los nombres que trascienden son los de Filiberti y Román. El primero, conocido como "el Rey del Cloro", es dueño de Transclor, el fabricante de químicos para potabilizar agua que hasta ahora le vendía a AySA y que en breve pasará a ser uno de sus dueños. El segundo, ingeniero, maneja Rowing SA, la cabeza del grupo comprador y una empresa proveedora del Estado en ingeniería y construcción. Además, Román integra la flamante PHX Holding Argentina junto a Carla Pía Casali.

Luz, gas y agua en las mismas manos

El poder de concentración va más allá del agua. Los nuevos accionistas también tienen intereses en la electricidad y el gas. Filiberti es socio indirecto de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país que controlan José Luis Manzano y Daniel Vila, con casi diez millones de habitantes en su área y con AySA como cliente. El vínculo se da a través de Rochester Holdings, la sociedad de la familia Filiberti creada en Londres, igual que PHX Limited. Román, por su parte, participa del mercado eléctrico mayorista con Alma Energía.

A esa concentración de servicios esenciales se le sumará el gas natural: YPF anunció un acuerdo para vender a Edenor —de Manzano, Vila y Filiberti— sus acciones en Metrogas, otra distribuidora con millones de clientes cautivos en el AMBA.

El estándar que deja la operación

El abogado Pablo Pirovano, presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), analizó el proceso en su artículo "Privatizar sin mostrar las cartas", publicado en el sitio del estudio Pasbba Abogados. "Es la primera gran venta de una empresa pública de esta gestión: Intercargo quedó desierta y detrás vienen Belgrano Cargas, los trenes y el sector energético. Por eso, lo que se haga con Aysa va a fijar el estándar de todo lo que sigue", planteó.

Pirovano consideró que la privatización es "una decisión correcta" tras el resultado de la gestión estatal de las últimas décadas, pero advirtió: "Una privatización de esta escala sólo es legítima si los ciudadanos pueden saber qué se vende, por cuánto vale y a quién. En los tres puntos el modelo presenta déficits".

El gobierno de Javier Milei sostiene que los 20 años de AySA en manos del Estado son "un modelo de disfunción administrativa". Según los datos oficiales difundidos al anunciar la privatización, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD 13.400 millones y aun así "un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas". La cobertura no supera el 75% del área en agua y el 64% en conexiones cloacales.