Venden terrenos sin habilitación y estafan a familias: la diputada que quiere blanquear todos los loteos de Santa Fe

La diputada provincial por el socialismo Lionela Cattalini presentó un proyecto de ley para crear una plataforma digital pública y gratuita que reúna toda la información administrativa de los desarrollos urbanísticos de Santa Fe. La iniciativa busca que cualquier persona interesada en comprar un lote pueda verificar, antes de poner dinero, si el proyecto cuenta con las autorizaciones correspondientes.

La propuesta llega en un contexto de creciente conflictividad: en los últimos tiempos se multiplicaron los casos de loteos comercializados sin habilitaciones —por falta de obras, por no tener disponibilidad de servicios o por estar en zonas de riesgo hídrico— y compradores que pagaron sus terrenos pero no pueden tomar posesión de ellos.

El caso que encendió la alarma

El antecedente más resonante es el del grupo Roma, con media docena de loteos inconclusos en el Gran Rosario. Sus clientes aseguran haber sido engañados porque nunca les informaron los déficits de papeles de los proyectos en los que invirtieron. El tema también escaló porque el gobierno provincial endureció su postura y comenzó a clausurar los desarrollos que no tienen su situación en orden.

"Nos reunimos con los damnificados del grupo Roma, que son santafesinos de distintas localidades de la provincia que claramente y así lo entiendo han sido estafados, porque decidieron apostar por un proyecto para tener su vivienda sin tener la información sobre la situación de los desarrollos inmobiliarios", señaló Cattalini, autora de la iniciativa que ya fue presentada en la Legislatura.

Qué propone el proyecto

La herramienta se llamaría Sidu (Sistema de Información de Desarrollos Urbanísticos). "Es un registro básicamente, totalmente gratuito, interoperable para que cada ciudadano pueda consultar de manera gratuita y pública en qué está cada loteo, cada proyecto de urbanización de la provincia", explicó la legisladora. Cada emprendimiento tendría una ficha única donde conste si tiene las habilitaciones, los trámites de luz, de saneamiento y los hídricos, en qué estado están y si cuenta con las autorizaciones debidas.

"Además pensamos que tiene que ser interoperable con los distintos municipios de la provincia respetando la autonomía y que tiene que ser gratuito. Creemos que esta es una forma de prevenir, de evitar que esto pase", agregó Cattalini, que también vinculó la propuesta con un decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz de 2016 y con el proceso de digitalización que ya lleva adelante la provincia.

"Hoy los trámites en la provincia de Santa Fe ya no son más en formato papel, de alguna manera son todos digitales y está esta posibilidad ahora de crear este registro porque entendemos que es una forma de prevenir y de cuidar a los santafesinos", insistió.

La diputada diferenció a los desarrolladores honestos de aquellos que operan al margen: "Hay muchos desarrolladores que trabajan de manera muy bien, que son correctos, que lo hacen de manera honesta, pero también hay otros como este caso que a partir de un folleto venden un pedazo de tierra sin tener las habilitaciones ni los requisitos pertinentes y terminan estafando a la gente y eso es lo que queremos evitar a partir de este proyecto de ley".

Cómo funcionaría el sistema

Según el texto del proyecto, el sistema tendrá carácter exclusivamente informativo y no reemplazará los registros, procedimientos, autorizaciones ni competencias de los organismos provinciales, municipios, entes reguladores o prestadores de servicios públicos.

Cada desarrollo incorporado contará con una Ficha Única de Desarrollo Urbanístico (Fudu), que mostrará de manera clara y actualizada su estado administrativo y las intervenciones de las distintas autoridades competentes. La reglamentación definirá su contenido, las modalidades de actualización, las categorías de información y los mecanismos de identificación. La ficha deberá permitir conocer, según corresponda, las aprobaciones obtenidas, las actuaciones en trámite, la situación de la infraestructura y los servicios, y la existencia de medidas administrativas que afecten al desarrollo. En todos los casos se deberá identificar el organismo, municipio, ente o prestador del que proviene la información.

Los datos serán suministrados por las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones. Su incorporación, reproducción o difusión no implicará aprobación, autorización, certificación ni convalidación por parte de la autoridad de aplicación respecto de decisiones que correspondan a otros organismos. La información sobre infraestructura, obras, factibilidades y disponibilidad de servicios tendrá carácter informativo y reproducirá el estado que informe la autoridad o prestador competente. La ley no modificará las atribuciones, procedimientos, condiciones técnicas ni criterios de aprobación de las normas que regulan competencias municipales, ambientales, hídricas, catastrales, viales, energéticas, sanitarias o de prestación de servicios públicos.

Los desarrollos ya existentes al momento de entrar en vigencia la ley se incorporarán progresivamente según un cronograma que fije la reglamentación. Podrá darse prioridad a aquellos con actuaciones administrativas incompletas, medidas de suspensión o paralización, obras pendientes o reclamos colectivos. Esa incorporación tendrá efectos exclusivamente de información, transparencia, coordinación y control administrativo, y no alterará situaciones jurídicas constituidas con anterioridad.

La autoridad de aplicación promoverá mecanismos de cooperación, intercambio de información e interoperabilidad para integrar los datos de organismos provinciales, municipios, entes reguladores y prestadores de servicios públicos, y podrá celebrar convenios de cooperación, asistencia técnica e intercambio respetando las competencias de cada jurisdicción.

El sistema deberá permitir conocer de forma sencilla y comprensible el estado administrativo de cada desarrollo y distinguir entre actuaciones concluidas, en trámite, requisitos pendientes y medidas de suspensión, paralización u observación vigentes. La reglamentación podrá establecer categorías uniformes de identificación exclusivamente informativas, sin alterar los efectos jurídicos de los actos dictados por las autoridades competentes.

Por último, el proyecto establece que toda publicidad o promoción pública de los desarrollos alcanzados deberá incluir un mecanismo sencillo y visible para acceder a la Ficha Única correspondiente.