Vendía cordero a $150.000 y nadie se lo compraba: el plan que encontró en el monte para comer

En el centro-norte de Entre Ríos, entre los departamentos de La Paz, Feliciano, Federal y parte de Federación, vive la mayor parte de los 8.500 pequeños productores que trabajan parcelas de entre 5 y 200 hectáreas. Más de 3.000 están inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). Ese mapa rural atraviesa hoy una transformación que el ingeniero agrónomo Pablo Benetti, referente de la Federación Nacional Campesina (FNC) en la provincia, no duda en calificar sin vueltas.

"La situación, la verdad que es de total desamparo. Nosotros desde la Federación Nacional Campesina venimos denunciando la destrucción sistemática o eliminación o recorte de todos los programas, proyectos y lineamientos nacionales y provinciales que había hacia el sector de la agricultura familiar", dijo a UNO el profesional, que lleva más de dos décadas de trabajo territorial en la zona.

El avance de la agricultura extensiva, el achicamiento de la presencia estatal y la aceleración de la crisis económica confluyen sobre estas familias y las colocan en una encrucijada crítica.

Qué producen y por qué ya no alcanza

Las parcelas familiares y las huertas comunitarias del centro-norte entrerriano abastecen de hortalizas y verduras frescas. También hay ganadería menor: ovinos para carne de cordero, porcinos, caprinos y gallinas ponedoras. A eso se suma la recolección apícola de miel.

Mediante cooperativas locales, los productores procesan y comercializan leche en tambos y frutas como mandarinas. Hay además panificados y artesanías que llegan a las ferias populares, y un aprovechamiento informal de la carne de ciervo axis que sostiene la subsistencia de muchas familias del monte.

El desmantelamiento técnico: de 60 técnicos a ninguno

La retirada de las herramientas del Estado nacional se traduce en números concretos. Entre Ríos pasó de tener 60 técnicos dedicados exclusivamente a la agricultura familiar a no contar con ninguno activo en el territorio.

A esa parálisis se suma el vaciamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tras los recientes procesos de retiro voluntario. Las agencias de extensión del norte provincial quedaron reducidas a su mínima expresión: en La Paz sobrevive un solo técnico, en Feliciano la jubilación inminente de un agente dejará una única persona y en Federal el equipo bajó de cuatro a dos profesionales.

Para un pequeño productor familiar, pagar un asesoramiento privado es inalcanzable. "La asistencia técnica es clave para este sector de la agricultura familiar. Poder pagar un ingeniero agrónomo que vaya a visitarlos o a acompañarlos en los procesos es impensable. Si no está el Estado garantizando ese acompañamiento, quedan a la buena de Dios", advirtió Benetti.

Junto con el desmantelamiento técnico se eliminaron herramientas históricas: el programa Cambio Rural, los aportes de incentivo productivo y programas sociales como el Potenciar Trabajo, que aportaba un ingreso básico de 78.000 pesos para sostener labores comunitarias.

Cordero a 150.000 pesos y faena "colgado del árbol"

La rentabilidad del sector se evaporó por el aumento vertiginoso de los insumos y la caída del poder adquisitivo de la población. El caso ovino es el más elocuente: el kilogramo de cordero se ubica entre 9.000 y 10.000 pesos, de modo que un animal entero de 12 a 15 kilos alcanza los 150.000 pesos.

"Una familia no lo está pudiendo comprar, entonces también afecta la crisis económica", señaló el referente agrario.

A la falta de compradores se le suma una carencia histórica: no hay infraestructura sanitaria ni de faena legal para carne ovina y porcina en los pueblos del interior. "Hoy se faena colgado del árbol. No ha habido en el último tiempo una política de decir: 'bueno, ¿cómo generamos las condiciones para que ese animal se faene de forma inocua y tenga todas las condiciones para el consumo?'", denunció Benetti.

Ante la imposibilidad de sostener la economía del hogar, en los montes del norte entrerriano apareció una alternativa alimentaria inesperada: la caza del ciervo axis. "En la zona siempre digo que ha habido una bendición, que ha sido la multiplicación del ciervo. Es la fuente de proteína animal que tienen muchos de los compañeros y compañeras; si no, no accederían a carne para comer y no solamente comer, sino también vender de forma irregular para sustentarse y vivir en el medio rural", explicó.

Ferias cerradas, caminos rotos y mujeres sin tierra

La venta directa entre el productor y el vecino de la ciudad también sufrió embates. En La Paz, la histórica Feria Zonal que organizaban en conjunto Agricultura Familiar, el INTA y la municipalidad ofrecía verduras, panificados y artesanías todos los sábados. Por decisión política cerró hace tres años y nunca reabrió. Aunque en localidades como Villaguay o San José de Feliciano resisten espacios similares, la falta de mercados populares deja a los hortaliceros sin vías de venta directa.

La logística agrava el cuadro. De las cuatro huertas comunitarias que la FNC gestionaba en la zona de Colonia Oficial, en el departamento La Paz, solo quedan activas dos. Para vender en la cabecera departamental, las familias deben recorrer 40 kilómetros por caminos rurales completamente destruidos.

La parálisis golpea con especial dureza a las mujeres rurales. "Una de las cuestiones que planteamos desde la organización es que la mujer en el medio rural, más si es pobre, no tiene acceso a la tierra ni a un trabajo", sostuvo Benetti. Muchas migran de manera informal hacia el cuidado de ancianos o la limpieza de casas en pueblos cercanos; otras pelean por proyectos colectivos hortícolas y avícolas en predios prestados.

53.000 hectáreas en manos extranjeras

El desplazamiento de los pequeños productores no es un fenómeno coyuntural sino un proceso estructural de larga data, acelerado por la expansión de los pools de siembra y la especulación inmobiliaria. Desde la derogación de la ley del Consejo Agrario Nacional tras el golpe militar de 1976, el país carece de una política nacional de colonización y acceso a la tierra. Salvo excepciones puntuales, como la expropiación y redistribución de tierras en Guardamonte, el pequeño agricultor no tiene líneas de crédito ni subsidios para comprar parcelas.

La concentración del suelo, en cambio, avanza sin freno. Según datos del Observatorio de Tierras (CONICET/UBA), el departamento de La Paz registra más de 53.000 hectáreas extranjerizadas, el 9,8% de su superficie total. A eso se suma la compra sistemática de campos por parte de empresarios urbanos, deportistas de élite y funcionarios.

"El ánimo es bajo, hay mucha bronca. Tienen que dejar de producir para hacer otra cosa o alquilar su fuerza de trabajo a alguno de los agricultores de la zona cuando podrían producir su propia tierra, o tienen que venirse a la ciudad para poder seguir viviendo", reflexionó Benetti sobre el éxodo rural forzado.

Cooperativas y calle: las dos herramientas que quedan

Frente a la parálisis institucional, la organización colectiva aparece como el único salvavidas de la economía campesina. Las cooperativas tamberas, citrícolas —como Cocau o Colonia Freitas— y de servicios rurales logran amortiguar el impacto económico al distribuir los excedentes entre sus asociados.

"Las cooperativas que acompañamos se han logrado sostener justamente por el sistema cooperativo. Lo que ingresa no le queda a un propietario, sino que es de todos los socios y se distribuye. La organización es la forma de juntarse, y después está la otra herramienta: la lucha, salir a las calles", enfatizó Benetti.

Como antecedente del poder de la protesta, el dirigente rescató las jornadas del 6 de agosto, cuando las movilizaciones masivas lograron frenar proyectos de modificación a la Ley de Tierras y forzaron el retroceso de medidas judiciales.

Para revertir la agonía del campo profundo, el sector campesino reclama políticas públicas diferenciadas: una Ley de Arrendamiento, facilidades de acceso a la tierra, créditos blandos a tasa subsidiada, la reactivación de las ferias locales y el restablecimiento del acompañamiento técnico estatal. Sin esas medidas, advierten, el monte entrerriano corre el riesgo de vaciarse definitivamente de las familias que históricamente le dieron vida y producción.