Vendía droga en Zapala: la Justicia tomó una decisión que la obliga a dejar su casa

La Justicia de Zapala condenó a Luciana Bianca Mailén Quinchao a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por comercializar estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor. La resolución se adoptó en una audiencia en la que también se definió la situación de otras tres personas investigadas en la misma causa.

La investigación estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez y del asistente letrado Guillermo Rodríguez. La condena se fijó mediante un acuerdo pleno que abarcó diez hechos ocurridos entre enero y abril de este año.

Las entregas que quedaron registradas

Según la teoría del caso de la Fiscalía, las operaciones consistían en entregas de droga a cambio de dinero. El 17 de enero la mujer concretó dos entregas mediante un vehículo; el 21 de febrero realizó otras cuatro en distintos sectores de la ciudad; y el 13 de marzo llevó adelante cuatro maniobras más.

Como parte de la pesquisa, el 9 de abril se allanó el alojamiento que Quinchao alquilaba. Allí se secuestraron 685 gramos de cogollos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios y cocaína fraccionada, además de otros elementos vinculados con la comercialización.

Qué prueba reunió la Fiscalía

Durante la audiencia, Álvarez y Rodríguez detallaron la prueba que iban a presentar en un eventual juicio. Mencionaron informes de la División Antinarcóticos de Zapala, las actas y resultados del allanamiento, análisis químicos que confirmaron la presencia de THC y clorhidrato de cocaína, y una pericia informática sobre los teléfonos secuestrados.

Quinchao fue condenada por el delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, en carácter de autora y bajo la modalidad de delito continuado.

La pena unificada y el cambio de modalidad

Las partes acordaron una pena de cuatro años de prisión efectiva y una multa de 45 unidades fijas, equivalente a unos $5 millones. Para establecerla se tuvieron en cuenta las circunstancias personales de la condenada, entre ellas que tiene un hijo menor a cargo y las condiciones de vulnerabilidad informadas durante el proceso.

La condena se unificó con una sentencia anterior, de octubre de 2025, por la que había recibido dos años de prisión de cumplimiento condicional por un hecho de comercialización de estupefacientes en grado de tentativa. Como los nuevos hechos fueron cometidos durante el período de condicionalidad, la jueza Leticia Lorenzo revocó esa modalidad y unificó ambas penas en seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

Quinchao aceptó el acuerdo y quedó detenida desde la audiencia. Como actualmente no hay cupo para alojarla en una unidad de detención de mujeres, comenzó a cumplir la pena bajo modalidad domiciliaria en Plottier. La jueza ordenó verificar la disponibilidad de un dispositivo de vigilancia electrónica y estableció rondines policiales sorpresivos hasta su eventual colocación.

Otras resoluciones de la audiencia

En la misma audiencia, la Fiscalía reformuló los cargos contra C.J.J.C. y C.A.R., a quienes atribuyó distintos grados de participación en la comercialización investigada.

A C.J.J.C. se le reformuló la acusación y se le atribuyeron seis hechos de comercialización como partícipe necesario, por lo que la investigación continúa. C.A.R., en tanto, accedió a una suspensión del juicio a prueba por un año y tres meses. Como parte de las reglas fijadas, deberá presentarse ante Población Judicializada y mantener actualizado su domicilio. Además, se dispuso el decomiso de $3.515.000 secuestrados durante la investigación.

Por pedido de la Fiscalía se dispuso el sobreseimiento de B.E.P., al considerar que los elementos reunidos no permitían sostener su participación en los hechos investigados.