Vendían cocaína en plazas de Junín y la plata terminaba en billeteras virtuales: seis condenados

Seis hombres fueron condenados por integrar una red que comercializaba cocaína en Junín de los Andes. La investigación reconstruyó cómo se movía la droga en la ciudad: desde la llegada del clorhidrato hasta la venta en plazas y la vía pública, con el dinero recaudado girando al líder por billeteras virtuales.

El acuerdo pleno lo presentó el fiscal jefe Gastón Ávila y contó con el reconocimiento de responsabilidad de los seis acusados. Las penas llegaron hasta los seis años de prisión efectiva y alcanzaron a cada eslabón de la estructura: provisión, coordinación, acopio, fraccionamiento y venta directa.

La actividad de la organización fue investigada entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026.

Quiénes son los seis condenados

El tribunal evaluó los roles de dirección y los secundarios a la hora de fijar cada pena.

Miguel Ángel Aguirre fue señalado como líder y organizador. Recibió seis años de prisión efectiva y una multa de 8.400.000 de pesos por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas.

Tomás Fausto Giménez también cumplirá prisión efectiva: tres años y seis meses. Según la investigación, se encargaba de acopiar y fraccionar la cocaína en el barrio Nehuenche. Fue considerado partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes y además fue condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Los otros cuatro integrantes recibieron penas condicionales como partícipes secundarios del comercio agravado de estupefacientes:

Mario Rubén Aguirre deberá cumplir reglas de conducta durante cuatro años. Armando Héctor Ricci tendrá reglas de conducta por tres años. Jeremías Emanuel Dinamarca y Eric Ezequiel Arriagada cumplirán reglas de conducta durante dos años cada uno; en el caso de Arriagada, la pena de tres años quedó en suspenso.

Entre las obligaciones impuestas a los condenados con penas condicionales figuran el control de la Dirección de Población Judicializada, la prohibición absoluta de contacto entre los integrantes de la organización, la restricción de vincularse con sustancias estupefacientes, fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.

Así funcionaba la red

Miguel Ángel Aguirre conseguía el clorhidrato de cocaína y coordinaba su fraccionamiento en dosis de aproximadamente medio gramo. Los puntos de acopio fueron rotando con el correr de los meses: primero una vivienda de calle Los Maitenes, después otra en calle 25 de Mayo y finalmente un domicilio del barrio Nehuenche.

La venta directa se hacía en plazas y en la vía pública. Los revendedores recibían la cocaína, la dividían en dosis y comercializaban los envoltorios. La plata recaudada viajaba al líder mediante transferencias por billeteras virtuales.

El operativo que desarmó la estructura

El 2 de mayo de 2026 se realizaron los allanamientos que permitieron desarticular la organización. En los procedimientos se secuestraron 187,65 gramos de clorhidrato de cocaína —una cantidad equivalente a más de 375 dosis—, además de balanzas de precisión, elementos para fraccionar, teléfonos celulares y armas de fuego.

El tribunal dispuso el decomiso de más de 5,2 millones de pesos y 400 dólares, considerados producto de la actividad ilícita. También ordenó la incautación y destrucción de las balanzas, los elementos usados para preparar las dosis, los teléfonos y una pistola calibre 22.

Las dos condenas de cumplimiento efectivo no empezarán a ejecutarse de inmediato. Como no hubo renuncia a los plazos procesales de impugnación, Aguirre y Giménez deberán esperar el vencimiento de esos términos. La audiencia para constituirlos como detenidos quedó prevista para el próximo 18 de noviembre.

De los cargos a la condena

El acuerdo es el resultado de una investigación que ya había tenido repercusión en mayo de este año, cuando el Ministerio Público Fiscal y la Policía realizaron un operativo contra el narcomenudeo en Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

Después de los allanamientos, el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura formularon cargos a ocho personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes en Junín de los Andes. La pesquisa permitió reconstruir su funcionamiento, sus roles y sus puntos de venta.

Los imputados fueron los ocho que terminaron condenados por los delitos que la fiscalía les atribuyó como comercio y tenencia de estupefacientes, ambos agravados por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

Entre las medidas cautelares, el MPF había pedido prisiones domiciliarias. La jueza, en cambio, otorgó la prohibición de mantener contacto o de ejercer actos de perturbación, intimidación o violencia respecto de una persona vinculada a la investigación, y la prohibición de contacto con los restantes integrantes de la organización.