Vendían droga desde el Penal de Chimbas: la Justicia sigue la pista de $590 millones

La Justicia federal reconstruyó cómo funcionaba una organización acusada de ingresar y vender droga dentro del Penal de Chimbas. Este jueves, el Tribunal Oral Federal condenó a los últimos tres integrantes que llegaron a juicio oral, pero el expediente dejó al descubierto una estructura mucho más grande: 13 personas con roles repartidos, contactos entre adentro y afuera de la cárcel y un movimiento de dinero que superó los $590 millones en apenas 12 meses.

Según la acusación, diez de los imputados ya habían sido condenados mediante juicios abreviados. Los tres restantes definieron su situación este jueves: Leonardo Saavedra recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión, Carlos Ormeño fue condenado a 6 años y Sonia Ontiveros quedó absuelta.

El hombre que manejaba los hilos desde afuera

Entre los principales señalados por la investigación aparece Saavedra, a quien la acusación ubica en un lugar central de la organización. Siempre según el expediente, operaba desde afuera del establecimiento penitenciario: se encargaba de conseguir los estupefacientes, distribuirlos entre los demás integrantes y después cobrar el dinero de las ventas.

Su situación financiera encendió las alarmas de los investigadores. Había recuperado la libertad el 10 de febrero de 2025, tras cumplir condenas previas por narcotráfico. Entre ese mes y septiembre, sus billeteras virtuales registraron cobros por $89 millones y pagos por $83 millones.

El crecimiento de su patrimonio también llamó la atención. A fines de 2024, cuando todavía estaba detenido, tenía apenas $16.000 en una cuenta bancaria. Para fines de 2025, ese saldo había trepado a unos $3,3 millones, sin contar otros bienes y vehículos.

La pata dentro del penal y el rol de los familiares

Del otro lado del circuito aparecía Ormeño, señalado como uno de los encargados de comercializar la droga dentro del Penal de Chimbas. La estructura, además, habría sumado a personas del entorno familiar de los internos para facilitar el ingreso de los estupefacientes. Entre ellas figuran Rocío Rojas y Tania Rojas, ambas condenadas en la causa.

Qué encontraron en los allanamientos

Los procedimientos se realizaron en distintos departamentos y también dentro del Servicio Penitenciario. Allí se secuestraron 200 gramos de marihuana, 34 gramos de cocaína, 30 plantas de marihuana y 189 pastillas, además de armas, municiones, dinero, balanzas de precisión y anotaciones vinculadas a la venta.

Dentro del penal aparecieron cocaína, papelillos, anotaciones, puntas y facas. Otro punto clave fueron los teléfonos: en total se incautaron 44 celulares. En uno de los procedimientos encontraron nueve aparatos junto con droga, dinero y un arma.

La pesquisa también detectó que la organización usaba Telegram como canal de comunicación entre sus integrantes. Para los investigadores, esos dispositivos permitieron reconstruir parte de los contactos entre quienes estaban dentro y fuera de la cárcel.

El juicio terminó de exponer una estructura que, según la acusación, no se limitaba al ingreso de droga al penal. La organización contaba con proveedores, intermediarios, personas dedicadas a la distribución y un circuito financiero que permitió seguir el rastro del dinero generado por las ventas.