Vendían terrenos en la península de Magallanes y la Justicia frenó todo: quién es el juez que dio el golpe

La Justicia Federal de Río Gallegos dictó una medida cautelar que frena la venta de terrenos en la península de Magallanes. Lo confirmó Fabián Toledo, integrante del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), en diálogo con El Mediador, el programa que se emite por Tiempo FM 97.5.

El magistrado que tomó la decisión es Claudio Vázquez. Según explicó Toledo, su objetivo fue “detener los efectos y todo tipo de consolidación de esta autorización de venta que se ha otorgado a Lacustre del Sud y ASB Hospitality Calafate South”.

El referente de CEJUS evaluó el fallo con matices: reconoció que presenta “algunas cuestiones que complejizan el proceso”, pero lo consideró “técnicamente correcto”. Y remarcó el dato central: “Se encuentra detenida la operación de transferencia en este momento”.

La Provincia y las empresas, obligadas a dar la cara

CEJUS había presentado un amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, la Justicia resolvió que las partes demandadas debían ampliarse e incluir también al Gobierno provincial y a las firmas que participan de la operación.

“Estamos todos en un proceso que va a ser dirimido por la Corte Suprema de acuerdo a la decisión que tomó el juez federal de Río Gallegos, así que se va a la Corte”, anticipó Toledo.

La inclusión de la Provincia no es un detalle menor: la obligará a explicar la autorización que otorgó mediante el Decreto 915. “No es solamente esa excepción, es una serie de violaciones a las normas provinciales y federales”, sostuvo.

Para Toledo, el expediente se vuelve más complejo porque el Gobierno provincial y las empresas deberán rendir cuentas de sus actos. “Las empresas intervinientes, que estaban pidiendo las autorizaciones para generar la transacción, lamentablemente también van a tener que intervenir y demostrar por qué estaban pidiendo una excepción con ciertas normas vigentes al momento en que ellos estaban realizando las negociaciones cuando estaba prohibido”, detalló.

Y cerró con una pregunta que apunta directo a los responsables de la operación: “Todos van a tener que dar explicaciones de cómo con las prohibiciones vigentes estaban llevando adelante esta operación”.

Sin reloj: la Corte Suprema decide cuándo

El proceso podría estirarse más de lo deseado. Toledo advirtió que “la Corte Suprema no tiene plazos para resolver”.

Como antecedente, recordó casos de demoras extremas. “Hay ciertos casos no tan parecidos que hace poco salió una resolución después de seis años”, señaló. También mencionó el caso Árbol de Pie, cuando el máximo tribunal resolvió de un momento a otro: “De repente se acordaron que tenían que resolver esa situación y la resolvieron de una semana para la otra en esta famosa ventana que llaman”, relató.

Sobre el futuro del expediente, fue cauto: “No sé si se van a tener que demorar tanto por el conflicto que viene de tierras, pero la Corte Suprema va a decidir cuándo y cómo continúa esto y no tiene plazos establecidos para que eso se complete, así que queda a su libre discrecionalidad, como siempre, en la Corte”.

El alivio en El Calafate

Consultado por la repercusión en la comunidad de El Calafate, Toledo describió un clima de tranquilidad parcial entre quienes seguían de cerca la operación.

“Es un pequeño alivio para los sectores que estaban preocupados en cuanto a la operación, está detenida”, concluyó.