Vendían terrenos por Facebook y cobraban hasta el mantenimiento: la maniobra que usaban para que nadie reclamara

La Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I de Tucumán, a cargo de Diego Alejo López Ávila, imputó a cuatro personas por integrar una presunta organización que estafó a decenas de vecinos con la venta de terrenos ajenos, la contratación de viviendas "llave en mano" y el financiamiento con cheques sin fondos. El perjuicio estimado supera los $1.000 millones.

Los detenidos quedaron con prisión preventiva tras la audiencia del miércoles 7 de octubre. Entre ellos hay un hombre señalado como el presunto jefe de la banda y un integrante de una fuerza de seguridad nacional.

Una empresa constructora como fachada

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la estructura operaba desde 2021 usando como pantalla a la firma Constru Servicios S.A.S. y otras denominaciones comerciales. La investigación reconstruyó un esquema que combinaba tres patas: venta de lotes, construcción de casas bajo la modalidad "llave en mano" y préstamos de particulares y proveedores respaldados con cheques de pago diferido.

Para captar víctimas, publicaban ofertas inmobiliarias en Facebook y atendían a los interesados en oficinas de Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. La existencia de locales, la participación de varios socios y una aparente capacidad económica generaban confianza entre quienes buscaban comprar un terreno, construir o invertir, según los investigadores.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que muchas operaciones se hacían sobre inmuebles que no pertenecían a los vendedores y que, en algunos casos, estaban envueltos en conflictos legales.

Qué les decían a los compradores

El abogado querellante Juan Guerrero explicó que los compradores recibían garantías que no se correspondían con la realidad.

"Les decían que los lotes estaban libres de todo tipo de gravamen, de todo tipo de litigiosidad alguna e inclusive que eran los titulares de los lotes", señaló.

El letrado agregó que, además del dinero de las operaciones, los sospechosos exigían pagos periódicos por supuestos servicios sobre los terrenos.

"Además de que esos terrenos sí estaban en litigiosidad y no eran ellos los titulares, les solicitaban transferencias mensuales para el mantenimiento, desmalezamiento y limpieza del lote", detalló.

Las irregularidades empezaron a salir a la luz cuando los compradores pidieron la documentación para acreditar la propiedad o reclamaron avances en las construcciones. Según Guerrero, los responsables respondían con excusas para no firmar escrituras ni entregar los terrenos: viajes, reuniones laborales, problemas personales o falta de tiempo para ir a la escribanía. Con el tiempo, dejaron de contestar mensajes y llamados.

El circuito de los cheques

El mecanismo no se limitaba al mercado inmobiliario. La Fiscalía también detectó una maniobra para obtener dinero de particulares y proveedores bajo la promesa de financiar proyectos de construcción. Pedían capital argumentando que necesitaban liquidez y entregaban cheques de pago diferido.

Al principio, esos cheques se pagaban en fecha. Esa primera etapa de cumplimiento habría servido para construir confianza y alentar nuevas entregas de dinero, cada vez mayores. Cuando el circuito alcanzaba un volumen importante, los pagos se interrumpían y los cheques rebotaban por falta de fondos o porque las cuentas estaban cerradas.

Así, según los investigadores, la organización perjudicó al mismo tiempo a compradores de terrenos, personas que habían contratado viviendas, inversores y proveedores de materiales.

El fiscal López Ávila describió las consecuencias de las maniobras atribuidas a los acusados.

"Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna", sostuvo.

Denuncias, allanamientos y cargos

Las primeras denuncias llegaron al Ministerio Público Fiscal en 2023. Desde entonces se incorporaron testimonios, contratos, registros financieros y elementos digitales. El expediente reúne más de una decena de denuncias, aunque los investigadores creen que la cantidad de damnificados podría ser bastante mayor.

Las tareas también permitieron establecer una presunta distribución de funciones entre el supuesto jefe, sus socios y familiares o allegados que habrían intervenido en la administración y circulación del dinero. Según la acusación, la estructura empresarial se usaba para respaldar las operaciones y mostrar solvencia. Guerrero señaló que algunas direcciones declaradas por la firma correspondían a lugares sin actividad comercial.

Con esos elementos, la Fiscalía pidió detenciones y allanamientos. Los procedimientos se concretaron el martes 6 de octubre y terminaron con cuatro detenidos. Al día siguiente, López Ávila encabezó la audiencia de formulación de cargos.

El Ministerio Público les atribuyó asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos. El estelionato comprende maniobras fraudulentas vinculadas con la disposición de bienes ajenos o gravados, una figura que la Fiscalía considera clave para analizar las operaciones inmobiliarias.

Para el señalado como principal responsable, el fiscal requirió cinco meses de prisión preventiva; para los otros tres, 35 días. El juez Augusto Paz Almonacid hizo lugar a los pedidos y dispuso las medidas en los términos solicitados, sin que eso implique una declaración de culpabilidad.

"Recién estamos viendo la punta del iceberg"

El expediente sigue abierto y se esperan nuevas acusaciones contra otras personas que podrían haber participado. El querellante Guerrero advirtió que la causa podría crecer a medida que se sumen pruebas.

"Estamos frente a una banda criminal organizada dedicada a las estafas, será una investigación muy larga, recién estamos viendo la punta del iceberg, faltan muchísimas evidencias más que aportar y producir junto al MPF", afirmó.

El abogado también vinculó el caso con el avance de las estafas por redes sociales. Según sus declaraciones, más del 70% de las estafas en operaciones de compraventa correspondería a organizaciones que usan publicidad engañosa en internet, y esos mecanismos no se limitan a terrenos y viviendas: también aparecen en operaciones con autos, celulares y otros bienes.

"Es común este tipo de delitos en compras y ventas de redes sociales, son bandas criminales que operan fuertemente en redes sociales", sostuvo.

La investigación continuará con el análisis de la documentación secuestrada, los registros digitales y las operaciones financieras atribuidas a los acusados. Los fiscales buscarán establecer el destino del dinero, identificar a todos los posibles participantes y determinar la cantidad total de víctimas y el perjuicio económico. Por ahora, la causa registra cuatro imputados con prisión preventiva, 14 hechos formalmente atribuidos y un presunto fraude superior a los $1.000 millones, uno de los casos de estafas de mayor magnitud económica que investiga el Ministerio Público Fiscal de Tucumán.

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