Vendieron 21 hectáreas frente al glaciar Perito Moreno: la Justicia aún no definió el futuro del proyecto

El proyecto turístico que busca instalarse en la Península de Magallanes, a metros del glaciar Perito Moreno, sigue envuelto en incertidumbre. Una operación inmobiliaria entre privados por casi 21 hectáreas dentro de un área natural protegida despertó un debate que ya llegó a la Legislatura y a la Justicia Federal.

De qué se trata el emprendimiento

La iniciativa, conocida como Master Plan Ecocentro, comenzó a tramitarse en 2023 sobre tierras de propiedad privada dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes. El expediente pasó por el Consejo Agrario Provincial (CAP), organismo que administra y conserva la reserva.

Según explicó el presidente del CAP, Hugo Garay, la propuesta original era de mayor escala, pero se pidieron modificaciones para adaptarla al Plan de Gestión del área. El diseño actual contempla 24 cabañas, con capacidad para unas 60 plazas, además de espacios comunes, senderos peatonales e infraestructura complementaria.

El proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2024, aunque su ejecución deberá seguir cumpliendo con las exigencias ambientales y territoriales.

El decreto que autorizó la venta

El 1 de septiembre de 2026, el gobernador Claudio Vidal firmó el Decreto Provincial 915/2026, publicado en el Boletín Oficial el 22 de ese mes. La norma estableció una excepción por única vez a una restricción del Decreto 994/2017 para permitir la compraventa de tierras privadas.

La operación involucra a Lacustre del Sud S.A. como vendedora y a ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada a capitales de Emiratos Árabes Unidos, como compradora. No se trata de una venta de tierras fiscales, sino de una operación entre particulares que necesitaba una autorización administrativa específica.

El decreto aclara que la excepción alcanza solo a esa operación y no podrá usarse como antecedente para otras solicitudes. También dispone que la ejecución del proyecto deberá respetar la legislación ambiental, los planes de manejo y las condiciones que fijen las autoridades competentes. Es decir, la autorización de la compraventa no equivale a una habilitación general para construir.

La rectificación que precisó las hectáreas

El 8 de octubre se publicó el Decreto Provincial 1019/2026, firmado el 25 de septiembre, que modificó parcialmente el decreto original para precisar la identificación de los terrenos. En lugar de una única fracción, se individualizaron dos parcelas: la G2, de 11,7109 hectáreas (Matrícula Dominial 6548), y la G3, de 9,2881 hectáreas (Matrícula Dominial 6549).

Ambas suman 20,999 hectáreas, prácticamente 21. La modificación es una rectificación de la identificación de los inmuebles y no una nueva autorización para otra operación inmobiliaria.

El debate en la Legislatura

El 24 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes para conocer los antecedentes técnicos, jurídicos y ambientales que respaldaron el decreto. Luego, el Consejo Agrario Provincial remitió documentación del expediente CAP N.º 495.894/23.

Desde el organismo defendieron el procedimiento administrativo y señalaron que el proyecto fue evaluado durante años, con modificaciones respecto de su formulación inicial. En paralelo, legisladores de la oposición cuestionaron las facultades del Poder Ejecutivo para establecer la excepción, las condiciones ambientales del emprendimiento y la necesidad de analizar toda la documentación.

La presentación judicial

El 8 de octubre se conoció una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, impulsada por legisladores provinciales y representantes del Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS). La presentación solicita una medida cautelar para impedir que avance la transferencia de las parcelas mientras se analizan los cuestionamientos jurídicos.

Entre los argumentos se mencionan las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el alcance de la normativa nacional y provincial, y las condiciones administrativas y ambientales de la operación. Los impulsores buscan que no se avance con la escrituración, inscripción registral, entrega de posesión ni ejecución de obras mientras se resuelve el planteo.

Es importante aclarar que la presentación de una demanda no significa que la Justicia haya determinado irregularidades. Hasta ahora no se confirmó una resolución judicial definitiva sobre el fondo de la controversia ni una medida cautelar concedida.

El Calafate y el sector turístico

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, se refirió al tema el 10 de octubre y pidió que las instituciones relacionadas con el turismo y los empresarios locales expresen públicamente su posición. Consideró importante conocer qué piensan los distintos sectores de la comunidad sobre la posibilidad de nuevos desarrollos comerciales en la Península de Magallanes.

Sus declaraciones incorporaron la mirada de los actores económicos y turísticos de El Calafate, localidad cuya actividad está estrechamente vinculada con el glaciar Perito Moreno y el Parque Nacional Los Glaciares.

Qué falta resolver

Más allá de las posiciones políticas, quedan varias cuestiones concretas para determinar el futuro de la iniciativa. La primera es la situación judicial: el Juzgado Federal deberá dar curso a las actuaciones y resolver los planteos, incluido el pedido de medida cautelar. Una eventual decisión de ese tipo podría establecer limitaciones temporales al avance de la operación.

La segunda es la situación registral de las tierras. La autorización provincial identifica a las empresas y a los inmuebles, pero no permite establecer por sí sola que la compraventa haya sido finalmente escriturada e inscripta.

La tercera son las condiciones ambientales y constructivas. Aunque existen antecedentes de evaluación ambiental, la ejecución deberá respetar las autorizaciones, restricciones y controles exigidos para el área protegida.

La cuarta es el seguimiento legislativo: los diputados cuentan con la documentación remitida por el Consejo Agrario Provincial y pueden continuar examinando las actuaciones, solicitar aclaraciones o impulsar nuevas iniciativas. También resta saber si las instituciones empresariales y turísticas de El Calafate adoptarán posiciones formales tras el planteo de Belloni.

El proyecto frente al glaciar Perito Moreno reúne intereses en tensión: la posibilidad de nuevas inversiones privadas, la generación de actividad turística, la protección de un entorno natural reconocido internacionalmente y el cumplimiento de las normas que regulan el uso de las tierras. La autorización excepcional fue un paso administrativo importante, pero no cierra el proceso. Las próximas decisiones administrativas y judiciales definirán en qué condiciones podrá avanzar el Master Plan Ecocentro.