La venta del Grupo Oroño a Swiss Medical y Chicago Capital cambia el mapa de la salud privada en Rosario. Pero hay un dato que todavía nadie confirma: cuánto se pagó por el holding que maneja el Sanatorio Parque, el de Niños y la prepaga Esencial.
La familia Villavicencio concretó la venta del principal holding médico de la región a Swiss Medical y al fondo Chicago Capital. La operación, confirmada el sábado, cambia el mapa de la salud privada en Rosario y deja varias preguntas abiertas: cuánto se pagó, qué pasará con los socios minoritarios y quién conducirá ahora el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, el ICR y la prepaga Esencial, entre otros activos.
El monto no trascendió. Aun así, en el círculo rojo local la consideran una de las compraventas más importantes del país, y no solo de Rosario.
Un cambio de era en la medicina privada
La salida de una de las familias históricas de la medicina privada local marca un punto de inflexión. Hasta ahora, la cúpula del sector estaba en manos de empresarios y profesionales de la ciudad. Con la llegada de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, a la cabeza de la pirámide, el liderazgo pasa a un empresario porteño.
En lo económico, la jugada también pesa. No hay información oficial sobre cómo se integrarán las áreas operativas y administrativas de ambos grupos, un punto clave en un escenario donde el control de costos es decisivo. Pero en la práctica, sumar accionariamente al Grupo Oroño y al Grupo Gamma les da a los propietarios una capacidad de negociación enorme frente a prepagas, obras sociales, proveedores, profesionales y hasta el poder político.
Cómo se filtró la operación
Los compradores y vendedores lograron mantener la reserva hasta muy avanzadas las conversaciones. La versión empezó a circular el viernes entre importantes empresarios, se aceleró el sábado por la mañana —deslizada por socios minoritarios del Sanatorio Parque— y forzó a que por la tarde ambas partes emitieran comunicados.
El anuncio era inminente por un cambio normativo. A mediados de este mes empieza a regir una modificación nacional: las empresas que encaren fusiones importantes con competidoras deberán anunciarlas primero y obtener el visto bueno de Defensa de la Competencia antes de iniciar la integración. Hasta ahora, primero se cerraban los entendimientos y luego se buscaba la validación de las autoridades. Ese cambio, definido tras la venta de Loma Negra, explica por qué en los últimos días se conocieron tantas fusiones y adquisiciones.
Por qué la familia decidió vender
La posibilidad de la venta estuvo en danza en el mercado tras la muerte del fundador Roberto Villavicencio. Pesaron dos factores: la inclinación de las nuevas generaciones a hacer cash los negocios heredados y la falta de un líder legitimado en todos los aspectos para tomar la posta, lo que empezó a abrir grietas en la conducción y en la gestión interna.
El Grupo Oroño necesitaba una voz de mando fuerte para mantener alineado a un holding diversificado con muchos socios minoristas, sobre todo en los efectores más antiguos como el Sanatorio Parque y el Sanatorio de Niños. La familia Villavicencio tenía la participación mayoritaria en la propiedad y en los directorios de cada una de las empresas médicas que forman la marca paraguas.
Los minoristas, además de ser acaudalados y portadores de apellidos importantes, son profesionales con voz y personalidad suficiente a los que siempre les costó reconocer un jefe que no fuera Roberto Villavicencio.
El Grupo Gamma, en cambio, recorrió otro camino. Mario Tourn, uno de sus fundadores, fue comprando una a una todas las participaciones minoritarias del holding hasta tener el control total. Después encaró la construcción del HPR, una obra monumental para la que necesitó tanto capital que la asociación con Swiss Medical resultó decisiva para terminarla y ponerla en marcha.
Qué pasará con los socios minoristas
Formalmente, por la composición de las sociedades, la familia Villavicencio les otorgó primero a los minoristas la posibilidad de comprar su parte. Tras no ejercer la opción, recién ahí se pudo abrir la puerta a Belocopitt y Tourn.
La continuidad de los minoristas dependerá de su voluntad de seguir con un nuevo socio mayoritario. Si quieren retirarse, primero deberán ofrecerle su parte a los mayoristas y, si estos no quieren comprarla, encontrar a alguien que quiera sumarse como minorista. También pueden seguir vinculados accionariamente sin participar en los directorios, sabiendo que la conducción y el management ahora dependen de los nuevos compradores.
El argumento de la escala
Más allá de las razones internas, en el comunicado que la empresa difundió a sus empleados aparece un motivo estructural. "La medicina de alta complejidad exige cada vez más inversión, tecnología y capacidad de gestión. Estamos convencidos de que los nuevos accionistas que continuarán esta etapa cuentan con las herramientas, la experiencia y la escala necesarias para desarrollar lo construido y proyectar a Grupo Oroño hacia el futuro", señalaron.
El contexto actual —demandas crecientes de mejores servicios, costos en alza y márgenes ajustados— empuja a buscar escala y eficiencia, y por eso la cantidad de jugadores se achica. Pasa en todos los sectores. Las corporaciones ganan protagonismo porque tienen el músculo para conseguir financiamiento y la espalda para invertir el capital que exige la medicina moderna, en un escenario de caída del poder adquisitivo de los usuarios y crecientes complicaciones de prepagas y obras sociales para pagar en tiempo y forma.
La situación es tan delicada que esta semana el grupo Salud Federal, que reúne a unas 80 clínicas y sanatorios de todo el país, se reunió en Rosario para reclamar al gobierno nacional la prolongación de la ley de emergencia vigente hasta fin de año. Advirtieron que miles de pequeñas empresas están en riesgo de supervivencia si no se extiende el alivio fiscal y financiero que dispone la normativa.
El velero de Herrera, con nuevo dueño
La magnitud de la venta del Grupo Oroño acaparó casi todo el Run Run y obligó a postergar para la semana que viene el grueso de la información preparada. Pero un dato más vale la pena sumar.
El velero del detenido financista Luis Herrera se remató esta semana en el marco de su quiebra. Si se suman todos los bienes subastados hasta ahora, lo recaudado no llega al millón de dólares, cuando el pasivo verificado en la quiebra ronda los 60 millones. En la Justicia avanza la posibilidad de extender la quiebra a sus dos hijos y a su esposa.
Lo llamativo: quienes se llevaron las llaves del velero fueron el hermano y el padre de un fiscal provincial. No es un fiscal que tenga relación con la investigación penal que se sigue en paralelo al financista, pero sí pertenece a la Regional Rosario. Los compradores, eso sí, son gente histórica de río.
Más cargos para la Justicia: qué gana Rosario
Esta semana, el Ministerio de Justicia y Seguridad instrumentó 11 llamados a concurso para cubrir más de 50 cargos en el Poder Judicial de la provincia. A la colapsada Justicia laboral rosarina le tocaron dos. En una lectura superficial parece poco, pero la decisión fue bien recibida entre los jueces de la ciudad: lo que se suman son dos camaristas.
Cuando concreten su ingreso, por primera vez en décadas estarán completas todas las salas de la Cámara Laboral, que en el pasado funcionó de manera extremadamente precaria por falta de jueces. "Ahora que estarán todos sabremos la real capacidad para sacar agua del bote", graficó un conocedor del foro laboral local. Con un buen diagnóstico del sistema completo se podrán calibrar mejor las reformas necesarias.
Donde más se sentirá la mejora será en el foro civil y comercial, cuya cámara tenía un tercio de los cargos vacantes justo cuando se aceleró la cantidad de expedientes. Sumarán cinco y llegará a los 15 que reúnen todas las salas, pudiendo funcionar a pleno. Que el gobierno provincial cubra todos los cargos —un histórico reclamo del Poder Judicial de Rosario— explica el apoyo de los magistrados locales.
La reforma procesal cambia de cámara
No pasó desapercibido que el gobierno provincial disponga ahora que la reforma al Código Procesal Civil y Comercial ingrese a la Legislatura por el Senado y no por Diputados, como sí hizo antes con los cambios al código de procedimientos laboral y las leyes de seguridad.
Tras la tensión política interna con el socialismo y las modificaciones al paquete de leyes de Seguridad que el gobierno tuvo que aceptar en Diputados, ahora quiere llegar a esa instancia con la aprobación del Senado. Operadores de la Casa Gris recuerdan que los cambios en la normativa laboral, que implicaron el cambio en el sistema de peritos que tanto pidieron las empresas, también tuvieron un paso más lento del que hubiesen querido en Diputados por las dudas del socialismo.
Tarifazos: el socialismo marca la cancha
En lo económico, el socialismo metió el dedo en la llaga dentro del frente gobernante al poner en agenda el creciente peso de las tarifas de servicios públicos en el gasto de las familias, con Aguas y la EPE bajo manejo provincial.
En la presentación del último informe sobre la economía regional que el diputado Joaquín Blanco realiza con la consultora PxQ, Blanco y el economista Emmanuel Álvarez Agis hicieron foco en que, después de los alquileres, los tarifazos de electricidad, gas y agua vacían las billeteras. En Rosario, la canasta de servicios públicos subió entre 2024 y 2026 un 122% frente a una inflación del 69%. Entre 2026 y 2025 la suba fue del 51%, con una inflación del 30%.
La EPE es la que más se incrementó: el peso de pagar la tarifa subió 154%. En el gas la suba fue del 113% y en Aguas, la que menos venía subiendo, del 65%. Justamente porque venía atrasada, ahora Aguas está dando el salto y es la tarifa que más sube, con múltiples quejas de usuarios.
El aumento se explica por la quita de subsidios nacionales y el mayor costo de compra mayorista de las distribuidoras locales, como la EPE y Litoral Gas, una concesión nacional. Pero eso no oculta el peso de las estructuras internas de las prestadoras.
"En Aguas, solo en 2026, el cargo fijo pasó de $6.631 a $13.100, es un aumento del 100% cuando la inflación es del 30% anual", disparó el diputado justicialista Marcos Corach para que el gobierno provincial no se desentienda del aumento que padecen los usuarios.
La presidenta de Aguas, Renata Ghilotti, respondió públicamente que "el populismo les hizo creer a la gente que los servicios no cuestan", defendió el cuadro tarifario asegurando que "son los montos que corresponden" y recordó a los opositores que dejaron Aguas altamente deficitaria y sin obras en marcha.
Puertas adentro, en tanto, manejan otro dato que le hicieron llegar a Rosario3 para explicar la fuerte suba, aunque no puedan hacerlo público: en enero de 2026 las facturas de la EPE rondaron los $2.100 millones, mientras que en agosto de 2026 fueron de $5.700 millones. Ese aumento impactó aproximadamente en un 17% en la tarifa de Aguas, según explicaron.
Más allá de lo que diga el peronismo, que ejerce como opositor, lo destacable es que la observación sobre el impacto negativo de los servicios públicos en la clase media venga de una de las principales fuerzas del frente oficialista.
Certificados de obra pública, a la Bolsa
En finanzas, el gobierno provincial dialoga con el Mercado Argentino de Valores (MAV) sobre la posibilidad de adelantar en Bolsa los certificados de pago de obra pública que emite la Provincia. Las conversaciones están avanzadas, pero todavía se definen incentivos, como el pago de un mayor interés, para que los inversores se interesen. En el MAV están entusiasmados y ya adelantaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que en breve pedirán la autorización.
La noticia hizo levantar las cejas a más de un constructor. Hoy el gobierno paga los certificados en tiempo y forma a los 60 días y, para que los constructores no esperen, firmó un convenio con el Banco de Santa Fe para descontarlos. Hasta el día 60 los intereses los paga el constructor; si no los abona, se hace cargo la Provincia.
Desde el Banco le dijeron a Rosario3 que el gobierno viene "demorón" para pagar esos intereses y que en algunos casos lo hace a 120 días. Lo que asoma, entonces, es la posibilidad de que la Provincia —que no oculta las dificultades por la baja de la recaudación propia y coparticipable— esté colmando los cupos de crédito que le dan los bancos para esta operatoria por la demora en los pagos, y por eso necesite diversificar las fuentes de financiamiento para los contratistas vía el MAV.
