Vendieron tierras frente al glaciar Perito Moreno y la Legislatura quiere ver todos los papeles

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para acceder al expediente completo del Decreto 915/2026, que autorizó de manera excepcional la venta de un inmueble en la Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno. La solicitud fue acompañada por los 18 legisladores presentes en la sesión de este jueves.

El requerimiento incluye informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios, actas, consultas y demás antecedentes que intervinieron en la decisión adoptada por el Ejecutivo. El decreto habilitó una excepción para la transferencia de tierras entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad argentina cuyo accionista es ASB Hospitality LLC, constituida en Emiratos Árabes Unidos.

Tras la sesión, el diputado Carlos Godoy sostuvo que el pedido constituye un primer paso para conocer las condiciones bajo las cuales se autorizó la operación. El legislador reclamó información sobre los fundamentos de la medida y los organismos y funcionarios que participaron del proceso.

Godoy también solicitó al gobernador Claudio Vidal que se abstenga de avanzar con cualquier otra operación vinculada con esas tierras hasta que el asunto sea tratado en la Legislatura y se conozca la totalidad de la documentación.

El diputado planteó además la necesidad de que exista debate público y participación ciudadana debido a la ubicación y las características ambientales del sector. En ese sentido, pidió que se analice la posibilidad de realizar una audiencia pública antes de avanzar con nuevas decisiones.

La discusión también llegó este jueves al Concejo Deliberante de El Calafate. Allí se analizaron los alcances del Decreto 915/2026 y se cuestionó el procedimiento de participación ciudadana relacionado con el impacto ambiental del proyecto previsto para la Península de Magallanes.

El decreto provincial fue firmado por Vidal el 1 de septiembre y publicado el 22 de septiembre. La medida estableció una excepción de carácter puntual a las restricciones existentes para la adquisición de inmuebles dentro de áreas protegidas provinciales.

La operación quedó así bajo análisis legislativo mientras se aguarda que el Ejecutivo provincial remita la documentación solicitada para determinar los antecedentes administrativos, ambientales y jurídicos que respaldaron la autorización.