Vetaron la ordenanza de caminos rurales y ahora la Sociedad Rural va a la Justicia

El intendente vetó la ordenanza que creaba una comisión para los caminos rurales. La Sociedad Rural no se queda de brazos cruzados y anuncia medidas judiciales. Conocé los detalles del conflicto.

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Vetaron la ordenanza de caminos rurales y ahora la Sociedad Rural va a la Justicia

La ordenanza que creaba una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales en Brandsen fue vetada por el intendente Fernando Raitelli. La iniciativa, impulsada por productores y vecinos, buscaba supervisar el estado de los caminos, planificar obras y controlar los recursos destinados al mantenimiento vial.

La Sociedad Rural local rechazó el veto y anunció que avanzará por la vía judicial. En un comunicado, expresaron su malestar y convocaron a los contribuyentes afectados a sumarse al reclamo.

¿Qué decía la ordenanza?

La comisión estaría integrada por representantes del Municipio y del sector rural. Su objetivo era supervisar el estado de los caminos, participar en la planificación de obras y realizar un seguimiento de los recursos destinados al mantenimiento vial en las zonas rurales del distrito.

¿Por qué recurren a la Justicia?

Gustavo Lorenti, presidente de la Sociedad Rural de Brandsen, señaló: “Habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, a pesar de intentar de todas las formas posibles aportar y colaborar, mediante proyectos, recursos humanos y materiales, durante años, esto resultó un esfuerzo infructuoso”. A partir del veto del Intendente, determinaron “abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”.

Para ello, requieren que los contribuyentes afectados “por el estado deplorable de los caminos rurales -vecinos con partidas rurales, productores, socios o no socios de la SRCB- se comuniquen”, con el “único objetivo” de “encontrar una solución al problema de los caminos y hacer sentir el descontento, producto de lo que todos sufrimos a diario: la imposibilidad de entrar o salir de los campos y de transitar”.

“Nos sentimos impedidos de desarrollar cuestiones básicas, que tienen que ver con la salud, la educación y la seguridad. No es una protesta, es reclamar lo justo”, concluye el comunicado.

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