Vetó los test de drogas a funcionarios y el argumento jurídico generó ruido
Pablo Anabalón firmó el decreto que deja sin efecto los controles toxicológicos que el Concejo había aprobado por unanimidad. El dictamen jurídico que usó como respaldo apunta a un artículo de la Constitución y a un punto clave sobre las sanciones.
El intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón, decidió vetar en su totalidad la Ordenanza N° 2306/2026, la norma que obligaba a funcionarios electos y designados de la Municipalidad y del Concejo Deliberante a presentar certificados negativos de consumo de drogas ilegales y alcohol. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 3920/26, firmado el lunes 16 de noviembre, pese a que el texto había sido aprobado por unanimidad por los concejales el 14 de octubre.
El fundamento del Ejecutivo municipal se apoya en un dictamen jurídico del abogado Francisco Ojeda, integrante de la Dirección Legal y Técnica de la comuna, fechado el 3 de noviembre. Ese documento reúne objeciones de tipo constitucional, técnico y vinculadas al régimen de sanciones que preveía la norma.
El artículo 36 de la Constitución, en el centro de la disputa
Uno de los ejes del veto es el uso que los concejales hicieron del artículo 36 de la Constitución Nacional en los considerandos de la ordenanza. Según el dictamen, se recurrió a una disposición pensada para la defensa del orden democrático frente a los gobiernos de facto con el fin de justificar una regulación sobre controles de drogas a funcionarios públicos.
Para la asesoría jurídica municipal, se trata de una interpretación equivocada: el contenido de ese artículo no tiene relación directa con la obligatoriedad de someter a exámenes toxicológicos a quienes ocupan cargos públicos.
Sin respaldo técnico y con sanciones cuestionadas
Otro de los reparos apunta a que los fundamentos de la ordenanza no mencionan consultas ni intervenciones de profesionales especializados que permitieran evaluar técnicamente la pertinencia y el alcance de los controles. El Ejecutivo consideró ese punto relevante porque la normativa contemplaba análisis para detectar consumo de sustancias y fijaba consecuencias para los funcionarios según los resultados.
El régimen de sanciones también fue observado. El municipio sostuvo que la ordenanza no distingue con suficiente claridad entre un resultado positivo aislado y una conducta reiterada de consumo. En ese marco, el dictamen calificó como una "medida desproporcionada" tomar un hecho puntual para definir si una persona puede seguir desempeñando un cargo público, sin contemplar las circunstancias particulares de cada caso.
A eso se suma la falta de criterios de evaluación que permitan dar respuestas diferentes según la situación de cada funcionario. El Ejecutivo concluyó que la ordenanza "carece de motivación suficiente" para justificar las medidas que pretendía implementar, además del cuestionamiento sobre la norma constitucional invocada como sustento.
Qué preveía la iniciativa original de Morón
El proyecto había sido presentado por el concejal Carlos Morón (h) el 24 de septiembre de 2025, con la idea de instaurar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios municipales y autoridades elegidas por el voto popular.
Según el texto inicial, los controles consistían en análisis de orina para detectar sustancias psicoactivas no prescriptas por profesionales de la salud: cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas. Los estudios debían ser costeados por los propios funcionarios, sin fondos municipales, y se contemplaba la posibilidad de pedir una contraprueba ante un resultado positivo.
En materia de sanciones, la propuesta original planteaba el cese de los funcionarios designados con un resultado positivo confirmado. Para las autoridades electas preveía procedimientos de suspensión o revocación del mandato conforme a la normativa provincial. También fijaba consecuencias para quienes se negaran a hacerse los controles, al equiparar esa negativa con un resultado positivo.
La versión que finalmente se sancionó como Ordenanza N° 2306/2026 exigía certificados negativos de presencia de drogas ilegales y alcohol para funcionarios electos y designados. Sin embargo, el texto completo de esa versión no estaba disponible en las fuentes consultadas, por lo que no es posible confirmar que todas las disposiciones del proyecto original se hayan mantenido sin cambios.
Un trámite de más de un año y el futuro incierto
El proyecto ingresó al Concejo Deliberante el 24 de septiembre de 2025 y fue girado a la Comisión de Legislación General, Reglamento y Seguridad. Su tratamiento en comisión se retomó el 2 de septiembre de 2026. Una semana después llegó al recinto, pero volvió a comisión para una corrección técnica.
Finalmente, el 14 de octubre fue aprobado por unanimidad durante la undécima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Pico Truncado. Poco más de un mes después, el intendente resolvió vetarlo en su totalidad, con lo que la implementación de los controles quedó frenada.
Ahora queda por ver si el Concejo Deliberante insistirá con la ordenanza aprobada o si presentará una nueva propuesta que contemple los cuestionamientos jurídicos y técnicos planteados desde el Ejecutivo municipal.