Vialidad II: un testigo reveló cuánto costaba cada poste y cuánto se liquidó

El contador Daniel Semino declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 en el segundo juicio por Vialidad y detalló una diferencia que, según su testimonio, se repitió en las obras viales de Santa Cruz. El exintegrante del Departamento de Verificación y Actualización de Deuda Corriente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) puso el foco en los presuntos sobreprecios y en los mecanismos de control de los certificados de obra.

Durante su declaración, Semino se refirió a un certificado vinculado con la colocación de postes en una ruta provincial. Ante los jueces recordó: “Cada poste nos iba a costar entre 100 mil pesos, con toda la furia, y se lo liquidamos a un millón”.

La declaración volvió a poner bajo análisis cómo se certificaban y pagaban las obras públicas en Santa Cruz, uno de los ejes centrales de la investigación conocida como Vialidad II o Vialidad III.

El circuito de pagos, bajo la lupa

Semino aclaró que su área no tenía a su cargo la determinación de los precios de los certificados ni el control técnico de las obras. Su función se limitaba a la liquidación de intereses derivados de pagos anticipados.

Según explicó, los expedientes llegaban a esa dependencia después de pasar por distintas instancias técnicas y administrativas y de contar con las firmas necesarias para ingresar al circuito de pagos.

Una vez que su área intervenía, los documentos seguían hacia Contabilidad, donde se aplicaban retenciones y tributos. Finalmente, la documentación se remitía al Ministerio de Economía para acreditar los fondos.

El testimonio resulta relevante porque, de acuerdo con el contador, el área que intervenía en la liquidación financiera no era la encargada de verificar si los valores de los certificados coincidían con los precios de mercado.

Empresas vinculadas al Grupo Báez

Durante el interrogatorio, Semino también fue consultado sobre las firmas que recurrían al mecanismo de cobro anticipado. El exfuncionario afirmó recordar a “cuatro o cinco” empresas relacionadas con el Grupo Báez.

Entre las compañías que mencionó estuvieron Austral Construcciones y Gotti, que tuvieron participación en distintas obras públicas de Santa Cruz.

Su declaración se sumó al debate sobre los controles de las obras financiadas por Vialidad Nacional y ejecutadas mediante convenios con la provincia.

Un exauditor aseguró que Vialidad Nacional no controlaba las licitaciones provinciales

Otro de los testimonios incorporados al juicio fue el del contador Marcelo Bianchi, ex titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Dirección Nacional de Vialidad.

Bianchi explicó que la UAI no auditaba los procesos de licitación que realizaban las provincias para obras ejecutadas por convenio, aun cuando los fondos los aportara Vialidad Nacional.

De acuerdo con su declaración, el Distrito 23 de Santa Cruz tenía a su cargo tareas operativas y de supervisión, mientras que las dependencias de la sede central hacían un seguimiento administrativo.

El exauditor también detalló que los informes de la UAI se remitían a la máxima autoridad de Vialidad Nacional, a la sindicatura jurisdiccional y a las áreas auditadas. Según estimó, el organismo producía entre 25 y 50 informes de auditoría por año.

Ante una consulta sobre quién afrontaba el costo de las obras ejecutadas por convenio, Bianchi respondió que el pago correspondía a Vialidad Nacional. Sin embargo, aclaró que el hecho de que el organismo nacional aportara los fondos no significaba que tuviera a su cargo el control de los procesos licitatorios provinciales.

Ese punto quedó incorporado al debate sobre las responsabilidades de los distintos organismos en las etapas de licitación, ejecución, certificación y pago de las obras investigadas.

Qué se investiga en el segundo juicio por Vialidad

La causa conocida como Vialidad II —o Vialidad III en tribunales— surgió como un desprendimiento de la investigación principal sobre la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En aquel expediente fueron condenados, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El nuevo proceso analiza presuntas irregularidades en licitaciones, controles y pagos de obras adjudicadas a empresas vinculadas al Grupo Báez.

En esta etapa del juicio oral están acusados Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate, como presuntos coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

El tribunal deberá determinar, a partir de la prueba testimonial y documental incorporada, si existieron irregularidades y qué responsabilidades les corresponden a los funcionarios y empresarios involucrados.