Victoria Villarruel lleva a la Justicia una acusación interna que estremece al oficialismo
Una denuncia penal por “golpista” sacude los cimientos del Gobierno. Victoria Villarruel decidió llevar a la Justicia los cruces con un diputado oficialista y dos periodistas. Los detalles de una batalla interna que ya no se libra solo en los medios.
La vicepresidenta Victoria Villarruel elevó una denuncia penal contra el diputado Luis Petri, tras calificarla públicamente de “golpista”. La presentación judicial, que también incluye a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, marca un punto de no retorno en las tensiones dentro del Gobierno de Javier Milei.
La querella fue radicada luego de que Petri, en una entrevista con TN tras la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, realizara duras declaraciones contra la vicepresidenta. El legislador mendocino afirmó que Villarruel “apostó al fracaso del Gobierno”, se “ofreció como alternativa” al Presidente y tuvo una actitud que calificó directamente como “golpista”.
“Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno y de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”, se preguntó Petri en esa oportunidad. Y agregó: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso, y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.
¿Qué alega la vicepresidenta en su denuncia?
En los escritos presentados, Villarruel pidió ser tenida como querellante. Su argumento central es que las expresiones de Petri constituyen agravios que afectan profundamente su honor y su rol institucional como vicepresidenta de la Nación.
Los letrados que representan a Villarruel sostienen que dichas declaraciones no pueden encuadrarse como un mero análisis político. Por el contrario, las definen como “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”.
Además de los delitos contra el honor, la presentación judicial invoca una infracción al artículo 213 bis del Código Penal, figura legal que refiere a lo que se considera “coerción ideológica”. En una segunda denuncia por los mismos tipos penales, la vicepresidenta incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi.
Una grieta que viene de lejos
El cruce entre Villarruel y Petri no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de fuertes diferencias que mantienen desde hace tiempo dentro del espacio oficialista. Los roces se han manifestado abiertamente en redes sociales y declaraciones públicas.
El 3 de marzo, la vicepresidenta escribió en su cuenta de X, refiriéndose a Petri: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas), y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”.
La respuesta del diputado en la misma red social fue contundente y de una sola palabra, pero cargada de implicancias: “Yo te conozco por golpista”. Este intercambio digital parece haber sido el detonante final que llevó el conflicto a sede judicial.
Las acusaciones que ahora están en manos de un juez
En otras apariciones recientes ante la prensa, Petri profundizó sus críticas. “Me parece fuera de lugar, pero no me sorprende, porque estuvo fuera de lugar dos años”, afirmó sobre la actitud de la vice.
El legislador también vinculó a Villarruel con los dichos del Presidente: “Cuando el Presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían con sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.
Según la visión de Petri, Villarruel “fue funcional a la oposición”, “no actuó como lo demanda la Constitución” y, en su opinión, apostó activamente al fracaso del Gobierno que integra.
La vicepresidenta le respondió entonces con otra alusión a la gestión de Petri: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.
La denuncia penal convierte una pulseada política en un litigio judicial. Ahora, será la Justicia la que deberá determinar si las duras expresiones intercambiadas entre dos figuras clave del oficialismo constituyen un delito o forman parte del ríspido debate político.
