Vidal firmó un decreto por tierras frente al Perito Moreno: el expediente que llegó a Diputados tenía 60 páginas menos
El gobernador firmó el decreto de excepción para las tierras frente al Perito Moreno, pero el expediente que llegó a Diputados apareció incompleto: faltaban decenas de páginas, entre ellas una oferta clave por 3 millones de dólares.
La autorización para levantar un proyecto turístico de lujo en Península Magallanes, a metros del Glaciar Perito Moreno, volvió al centro de la escena después de que un informe periodístico desmenuzara el decreto de excepción que firmó el gobernador Claudio Vidal. El trabajo, presentado por Felicitas Bonavitta en C5N, puso la lupa sobre una operación inmobiliaria que ya acumula rechazo social, frenos judiciales y pedidos de derogación en la Legislatura.
El malestar viene de varios frentes a la vez: vecinos de El Calafate, asociaciones de guías, hoteleros y el propio municipio cuestionan que se haya avanzado sin consulta sobre un área protegida. A eso se suma el frente judicial: un juez resolvió que la titularidad de las tierras no puede cambiar hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Los baches que encontró la investigación
El informe no se quedó en la polémica política y apuntó a los detalles administrativos. El primer decreto identificaba mal los lotes, lo que obligó al Ejecutivo provincial a sacar una segunda norma para corregir la delimitación. También hubo cambios en la identidad de los compradores sin demasiadas explicaciones: se pasó de nombrar a una persona física extranjera, el empresario Ali Alguardi, a una sociedad anónima en plena formación, ASB Hospitality Calafate SAU.
El dato que más ruido generó tiene que ver con el expediente que llegó a la Cámara de Diputados: según el equipo de investigación, faltaban cerca de 60 páginas. Entre las hojas ausentes estaba la oferta original de los dueños anteriores, la firma Lacustre del Sud SA, para venderle esas tierras al Estado provincial por 3 millones de dólares, un número muy por debajo de los montos que se manejan en la transacción actual.
Las organizaciones que siguen el tema sumaron otro cuestionamiento: la autorización oficial se apoya en un estudio de impacto ambiental que consideran obsoleto. Se trata del Master Plan 2023, pensado en su momento para refugios de bajo impacto, no para la construcción de cabañas de lujo valuadas en millones de dólares cada una.
Qué dicen los vecinos y el municipio
La reacción comunitaria fue inmediata. Ángel Serra, de la Asamblea de Vecinos de El Calafate, apuntó contra la forma en que se tomó la decisión: "El gobernador firmó un decreto de excepción por única vez, sin haberle consultado a los pueblos, sin haber consultado a las comunidades, con el desarrollo de una infraestructura propia de una ciudad frente al Glaciar Perito Moreno".
Desde la Asociación de Hospedajes Turísticos, Pablo Perret desestimó el argumento de los puestos de trabajo: "Ellos nos hablan de 300 puestos de trabajo, pero esto perjudica totalmente a El Calafate. No es solo un problema local, esto es un tema de la provincia de Santa Cruz, la Argentina y el mundo porque eso es patrimonio de la UNESCO".
El intendente Esteban Belloni también marcó distancia. La preocupación del municipio no pasa solo por la transferencia de tierras a manos extranjeras, sino por habilitar la pernoctación y la urbanización en un sector que históricamente se mantuvo preservado.
La defensa del Ejecutivo y las sospechas que no se disipan
Del otro lado, la ministra de Producción provincial, Nadia Ricci, y el secretario de Turismo, Diego Gamboa, salieron a respaldar la llegada de inversiones extranjeras. Argumentaron que es necesario romper con la estacionalidad del turismo y aseguraron que el proyecto cuenta con los avales técnicos que corresponden.
Sin embargo, esas explicaciones no terminaron de cerrar el círculo: las ausencias de los funcionarios a las citaciones legislativas y las respuestas incompletas a los pedidos de informe alimentaron las dudas sobre la transparencia de todo el proceso. Mientras la Corte Suprema no defina la cuestión de fondo, la titularidad de las tierras frente al glaciar queda congelada y la Legislatura provincial sigue discutiendo proyectos para derogar el decreto, además del pedido de una comisión investigadora.