Villa Atamisqui: el intendente reveló qué encontró en las cuentas del municipio

El intendente de Villa Atamisqui, Víctor Rosales, contó en una entrevista radial que al llegar al municipio se topó con una intimación del Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero para que la comuna presente rendiciones de cuentas de períodos anteriores a su gestión. La revelación la hizo durante el programa Actualidad Política, que se emite por Radio LV11.

Rosales, que asumió el 10 de diciembre de 2025, explicó que la notificación llegó hace poco y que en un primer momento creyó que el requerimiento apuntaba a su propia administración. Después de revisar las fechas, comprobó que los ejercicios reclamados son previos a su llegada al Ejecutivo municipal, cuando la comuna estaba encabezada por Brandán.

"Para mí es una sorpresa", admitió el jefe comunal al recordar cómo se enteró de la intimación.

Qué exige el Tribunal de Cuentas

En el aire se leyó la resolución del organismo provincial, fechada el 29 de septiembre de 2026, que intima a la Municipalidad de Atamisqui a presentar documentación de rendición de cuentas. El pedido abarca los años 2021, 2022, 2023 y 2024, y también los trimestres de 2025 hasta el 10 de diciembre, día en que se concretó el cambio de gestión.

La resolución fija un plazo de diez días desde la notificación y advierte sobre las consecuencias legales en caso de no cumplir. Rosales aclaró que la intimación por rendiciones pendientes no implica por sí sola una declaración judicial de malversación ni de apropiación de fondos.

El intendente cuestionó la situación y consideró que quienes ocupan cargos públicos tienen la obligación de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos. "Nosotros los intendentes estamos de paso, cumplimos la etapa y tenemos que dejar la mejor imagen posible", sostuvo.

La denuncia por las obras de agua que no se hicieron

Otro de los tramos más delicados de la charla tuvo que ver con fondos que, según Rosales, estaban destinados a obras de infraestructura hídrica en zonas rurales del departamento. El intendente afirmó que productores de la zona se acercaron al municipio para pedir información sobre un proyecto que habría recibido financiamiento nacional en 2022.

De acuerdo con su relato, se trata de unos 150 millones de pesos que debían aplicarse a obras de agua en tres parajes rurales. Rosales aseguró que esos trabajos nunca se ejecutaron, según los reclamos que recibió y las verificaciones que mencionó durante la entrevista.

"La obra no está. La obra no está, o sea, eso cualquiera lo puede ir a ver", disparó.

También señaló que concejales habían pedido información sobre ese proyecto durante la administración anterior, pero que, según su versión, no obtuvieron respuestas. En la entrevista se mencionó una estimación de cuánto representaría hoy aquella suma, aunque esa comparación fue una aproximación del propio intendente y no una actualización contable oficial.

Rosales no mostró documentación que permita establecer el destino final de esos fondos. Por eso, sus afirmaciones sobre la falta de ejecución y las eventuales irregularidades son señalamientos del actual jefe comunal que todavía requieren una verificación administrativa o judicial.

"Recibimos un municipio totalmente devastado"

Consultado sobre el estado en que encontró la Municipalidad de Villa Atamisqui, Rosales no dudó: "Hemos recibido un municipio totalmente devastado".

Entre los problemas más urgentes mencionó el deterioro del parque automotor, que complicaba la prestación de los servicios municipales. Según detalló, la comuna tenía una flota de alrededor de diez vehículos, pero varios estaban fuera de funcionamiento cuando empezó su gestión. Hoy, aseguró, unas ocho unidades están operativas después de distintas reparaciones.

El intendente remarcó que buena parte de esos arreglos se financió con recursos aportados por los contribuyentes locales y que su administración intenta cuidar los fondos municipales en un contexto económico restrictivo.

Deudas por unos $200 millones que no estaban registradas

Rosales también se refirió a los reclamos económicos que empezaron a llegar al municipio después de su asunción. Según indicó, distintos proveedores reclamaron pagos por compromisos que atribuyeron a la gestión anterior. El monto total de esas obligaciones, siempre según su estimación, rondaría los 200 millones de pesos.

Como ejemplo mencionó el caso de un proveedor vinculado con una cantera que reclamaba cerca de 70 millones de pesos. Sin embargo, el intendente aseguró que esas obligaciones no contaban con los registros administrativos ni los respaldos que su equipo consideraba necesarios para reconocerlas.

"En esas cuentas no hemos pagado porque no estaba registrado", explicó. El jefe comunal sostuvo que la situación fue revisada mediante una auditoría y con la intervención del equipo legal municipal.

Los pasos legales que evalúa Rosales

Ante las consultas sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la gestión anterior, el intendente prefirió mantener la cautela. Aclaró que la notificación del Tribunal de Cuentas es reciente y que sus abogados están evaluando qué medidas tomar.

"Yo todavía no me voy a apresurar a eso", manifestó.

Una de sus principales preocupaciones es que las rendiciones pendientes puedan generar consecuencias administrativas que afecten los fondos que recibe hoy la comuna. Rosales señaló que su administración ya viene cumpliendo con las presentaciones de su propio período y subrayó la importancia de que cada gestión pueda justificar el destino de los recursos públicos.

También planteó que las dificultades económicas nacionales repercuten directamente sobre las provincias y los municipios, por lo que consideró fundamental resguardar los ingresos disponibles.

La entrevista dejó abiertos varios interrogantes sobre la administración anterior de Villa Atamisqui, sobre todo en relación con las rendiciones reclamadas, las obras mencionadas y las obligaciones económicas pendientes. Por el momento no consta en el material difundido una respuesta de Brandán a estos cuestionamientos ni una resolución que establezca responsabilidades penales. Mientras tanto, el municipio deberá atender el requerimiento del Tribunal de Cuentas y determinar, mediante los procedimientos correspondientes, la situación administrativa de los períodos señalados.