Violencia de género: el Senado extendió la emergencia y la clave ahora está en Diputados

La Cámara de Senadores de Salta aprobó una nueva prórroga de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, que regirá por dos años más. La iniciativa, que busca mantener vigente la Ley 7.857, ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados en revisión antes de convertirse en ley.

El proyecto fue impulsado por las senadoras Alejandra Navarro y Leonor Minetti y se trató durante la 22° sesión ordinaria del Senado, presidida por el vicegobernador Antonio Marocco y con la presencia de 20 legisladores.

Una emergencia que rige desde 2014

Durante el debate, Navarro recordó que Salta mantiene esta declaración desde 2014 y afirmó que, pese a las herramientas implementadas, la problemática sigue requiriendo respuestas estatales. Según los datos expuestos en la sesión, en lo que va del año se registraron siete femicidios y 13 mil denuncias en los primeros seis meses.

La senadora remarcó que la emergencia no debe ser vista solo como una declaración administrativa, sino como un instrumento para fortalecer los mecanismos de atención y asistencia a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El desafío de acompañar después de la denuncia

Uno de los ejes del debate fue la necesidad de mejorar el acompañamiento posterior a la denuncia. Navarro sostuvo que no alcanza con garantizar el acceso a los lugares donde denunciar, sino que también hay que asegurar asistencia durante todo el proceso.

En esa línea, planteó la importancia de fortalecer equipos interdisciplinarios con profesionales especializados en orientación psicológica y legal. También subrayó la necesidad de profundizar la articulación entre la Provincia y los municipios, sobre todo a través de las áreas de la mujer, para mejorar los circuitos de atención en todo el territorio.

Rosario de la Frontera y General Güemes actualizan sus Cartas Orgánicas

En la misma sesión, se aprobaron las modificaciones a la Carta Orgánica Municipal de Rosario de la Frontera, que databa de 1989. Minetti explicó que tras más de cuatro décadas era necesario reformularla y destacó que los convencionales trabajaron para incorporar novedades vinculadas con la mujer, la violencia de género, la participación política, la duración de mandatos, el acceso a cargos públicos y el medio ambiente.

También se dio luz verde a la Carta Orgánica de General Güemes. El senador Enrique Cornejo celebró que el proyecto llegara sin modificaciones y resaltó el proceso de consulta con vecinos y entidades intermedias. Las nuevas normas buscan dar mayor funcionalidad a la administración municipal y fortalecer la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Tribunal de Faltas y control de funcionarios

Entre las novedades de la Carta Orgánica de General Güemes, Cornejo destacó la creación del Tribunal Municipal de Faltas, cuyo juez tendrá un mandato de cinco años con una sola reelección, designado mediante concurso público y con la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante.

Además, se adecuó la normativa a la reforma constitucional provincial de 2021 y se extendió el mandato de los concejales de dos a cuatro años, con una sola reelección. También se estableció que el intendente y los concejales deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Escribanía General de la Provincia, y se precisaron las condiciones para contraer empréstitos públicos.

Más fiscales para el Distrito Judicial del Centro

Por último, el Senado dio sanción definitiva a la creación de cinco cargos de fiscales penales para el Distrito Judicial del Centro. El senador Jorge Soto explicó que la medida responde al crecimiento poblacional y al aumento de causas, y busca garantizar a las víctimas una respuesta más eficaz y ágil, dentro de plazos razonables.

Soto se basó en los datos del Censo 2022: el departamento San Martín creció cerca del 13%, Orán un 12,2%, y el mayor incremento se dio en el Departamento Capital, que concentra alrededor del 45% de la población provincial. Esa situación sobrecarga los tribunales y fiscalías de la zona, por lo que consideró que era innegable la necesidad de más fiscales.