Violencia digital en las aulas: el plan que prepara Santa Cruz para frenarla

La Legislatura santacruceña ya tiene sobre la mesa un proyecto que promete cambiar las reglas del juego frente al acoso y los delitos digitales en las escuelas. La iniciativa busca crear un sistema integral de prevención y acción contra la violencia digital en todos los niveles educativos de la provincia.

El diputado José Luis Quiroga fue quien presentó la propuesta, que ya ingresó formalmente al circuito legislativo bajo el número 443. El pasado jueves, el texto fue dado a conocer y girado a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.

El alcance del proyecto es amplio: comprende tanto a establecimientos públicos como privados, y abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo santacruceño. No se limita a un hecho puntual, sino que contempla un abanico de situaciones que van desde el ciberacoso y el grooming hasta la sextorsión, el doxing, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, los discursos de odio y, también, el uso de inteligencia artificial para generar contenidos dañinos o falsificados.

¿Quién será la autoridad de aplicación?

El Consejo Provincial de Educación sería el organismo encargado de implementar la ley y, además, tendría la responsabilidad de elaborar un Protocolo Provincial de Actuación. Ese protocolo deberá definir canales de denuncia, mecanismos de intervención y plazos máximos de respuesta: las instituciones educativas no podrán superar las 48 horas hábiles para actuar desde que tomen conocimiento de un hecho.

La formación también es un pilar central. Se establece una capacitación obligatoria y anual para docentes, directivos y supervisores en temas como violencia digital, ciudadanía digital, perspectiva de género, inteligencia artificial y estrategias de acompañamiento. La idea es que quienes están en contacto directo con los estudiantes cuenten con herramientas concretas para detectar y abordar estas situaciones.

Más prevención y seguimiento

El proyecto no se queda solo en la respuesta ante los hechos. También prevé la creación de un Programa Provincial de Ciudadanía Digital, que incluirá actividades de formación destinadas a las familias y la conformación de equipos interdisciplinarios con profesionales de psicología, trabajo social y asesoramiento legal cuando la situación lo requiera.

Finalmente, se plantea la creación de un Observatorio Provincial y un registro estadístico. El objetivo es monitorear la evolución de estos casos, generar datos confiables y, a partir de ahí, diseñar políticas públicas más efectivas. En ese marco, se garantiza la protección y anonimización de los datos de niñas, niños y adolescentes, un punto clave para no revictimizar a las víctimas.

Con esta iniciativa, Santa Cruz busca posicionarse a la vanguardia en la lucha contra una problemática que crece en todo el país. Ahora, la pelota está en manos de las comisiones legislativas, que deberán analizar el proyecto y darle el visto bueno para que se convierta en ley.