Violencia laboral en Santa Cruz: proponen crear un observatorio provincial para prevenirla
¿Sabías que Santa Cruz podría contar con un organismo dedicado a prevenir la violencia laboral? La propuesta ya está en la Legislatura y promete cambiar las reglas del juego.
La Cámara de Diputados de Santa Cruz analiza un proyecto de ley que busca crear un Observatorio Provincial de Violencia y Acoso Laboral, un organismo destinado a relevar, analizar y generar herramientas para prevenir estas situaciones en ámbitos laborales públicos y privados.
La iniciativa, impulsada por la diputada Rocío García, fue girada a comisiones durante la última sesión ordinaria y plantea la conformación de un espacio multisectorial e interdisciplinario enfocado en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra los trabajadores de la provincia.
¿Qué funciones tendría?
Entre sus tareas se encontrarían la recopilación y sistematización de información, el monitoreo de casos, la elaboración de estadísticas y el diseño de campañas de sensibilización, difusión y prevención.
Además, el proyecto propone crear un registro provincial de situaciones y denuncias de violencia y acoso laboral. Según establece la iniciativa, los datos incorporados al mismo tendrán carácter confidencial.
El Observatorio debería elaborar informes cada seis meses sobre la situación y evolución de la violencia laboral en Santa Cruz. A partir de esos documentos podría formular recomendaciones y líneas de acción, aunque las mismas tendrían carácter consultivo y no vinculante.
¿Qué se considera violencia laboral?
La propuesta define como violencia y acoso laboral a aquellos comportamientos, prácticas o amenazas que puedan provocar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, incluyendo expresamente la violencia y el acoso por razones de género.
Para su funcionamiento se prevé la conformación de un Consejo Asesor con participación de representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de autoridades laborales nacionales y representantes de asociaciones sindicales o gremiales estatales.
Los integrantes desempeñarían sus funciones ad honorem y el Consejo sería convocado una vez por mes por la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo provincial.
En los fundamentos se señala como antecedente la legislación nacional vinculada al Convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, además de protocolos provinciales ya existentes.
La iniciativa aclara que el Observatorio no reemplazaría los mecanismos formales de denuncia ni tendría intervención en los procedimientos administrativos correspondientes, sino que funcionaría como una herramienta complementaria destinada principalmente a la prevención, producción de información y diseño de políticas públicas.
El proyecto continuará ahora su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados.
