Virginia Gallardo firma el proyecto que cambia las reglas del Código Penal para siempre

El Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo a su agenda de mano dura con la presentación de un proyecto para reformar el Código Penal. La iniciativa, que lleva la firma de la diputada Virginia Gallardo, apunta a dos frentes concretos: los delitos contra la integridad sexual y las reglas de la prescripción. El texto ya cuenta con el respaldo de Laura Rodríguez Machado (ex PRO) y de Martín Menem, quien desde la presidencia de la Cámara de Diputados diseña el giro a las comisiones para que el debate arranque antes de fin de mes.

La decisión de avanzar por este camino se había tomado la semana pasada en la reunión de la mesa política, donde se evaluó como redituable la embestida contra la jueza Laura de Marinis. Según los considerandos del proyecto, el objetivo es “fortalecer la coherencia interna del Código Penal, asegurar una respuesta estatal efectiva frente a los hechos de mayor gravedad y proporcionar reglas más claras para la actuación de jueces, fiscales y demás operadores del sistema de justicia”.

Qué cambia con la prescripción

Uno de los puntos centrales de la reforma es que los crímenes con prisión perpetua pasen a ser imprescriptibles. Hoy la acción penal por esos delitos prescribe a los 15 años, y una sentencia de prisión perpetua prescribe a los 20. El argumento oficial es que esos plazos resultan demasiado breves para investigaciones que, por su complejidad, demandan tiempo.

“Hay delitos frente a los cuales el paso del tiempo no puede convertirse, por sí solo, en una respuesta del Estado. Cuando estamos ante los hechos más graves que contempla nuestro Código Penal, la sociedad espera que el Estado conserve la capacidad de investigar, juzgar y, cuando corresponda, ejecutar una condena”, escribió Gallardo, ex panelista de Polémica en el Bar.

En los delitos con prisión temporal, la acción prescribe hoy una vez transcurrido el máximo de la pena, con un techo de 12 años y un piso de 2. El proyecto mantiene el mecanismo pero eleva el techo a 15 años. Las inhabilitaciones también sufren cambios: la prescripción pasa de 1 a 3 años. Es decir, si un funcionario comete un delito cuya única sanción es la imposibilidad de ejercer cargos públicos, el Estado tendrá hasta tres años para accionar.

Además, la declaración de rebeldía —cuando el imputado se fuga— interrumpe el plazo para computar la prescripción. Lo mismo sucede ante un pedido de extradición cuando el acusado es buscado en otro país. La fundamentación sostiene que es necesario aclarar las reglas generales de la prescripción y cómo se determina el cálculo.

Penasa más duras para delitos sexuales

El proyecto dedica un capítulo entero a incrementar las condenas por delitos sexuales. El abuso sexual básico sin agravantes pasa de un techo de 4 años a 6. El gravemente ultrajante se eleva hasta los 14 años de cárcel, y el abuso con acceso carnal llega a los 20 años.

La diputada sostiene que estos delitos pueden producir consecuencias físicas, psíquicas y sexuales que se proyectan mucho más allá del momento del hecho. Por eso plantea aumentar los máximos para que los jueces tengan un margen mayor al individualizar la sanción según la gravedad concreta de cada caso.

“Cuando se trata de delitos contra la integridad sexual, las consecuencias pueden proyectarse mucho más allá del momento en que ocurre el hecho”, señaló Gallardo, y agregó que se busca evitar que el paso del tiempo impida hacer justicia.

Apoyos y resistencias

Aunque se trata de una iniciativa de La Libertad Avanza, el texto suma respaldos de otras bancadas, como la radical Pamela Verasay y Gladys Medina, de Independencia. En el peronismo recordaron que ya hubo proyectos similares en el Congreso y contrastaron: “El Gobierno había designado a Hernán Ravier como vocero para ‘resaltar los logros económicos’ y ahora lo único que hacen es batalla cultural”.

En la oposición no justicialista calificaron la movida como “fondo de olla” para meter a la sociedad en la discusión punitiva. “¿Tanto apuro tienen?”, se preguntó un diputado al enterarse de que el oficialismo quiere debatir el texto antes de que termine el mes.