Vive con los nietos de su pareja y terminó denunciándolos: la maniobra con su cuenta bancaria que lo dejó sin plata

Un jubilado de 78 años presentó una denuncia en Pico Truncado por presuntos hechos de violencia psicológica y económica dentro de su propia vivienda. Según la presentación judicial, los señalados son los nietos de su actual pareja, con quienes convive.

El hombre habría sufrido hostigamiento, insultos y amenazas por parte de esos jóvenes. Pero el expediente no se queda en el maltrato verbal: también se plantea que los involucrados habrían accedido a sus canales financieros para retirar efectivo de su cuenta bancaria sin su consentimiento.

La denuncia describe una situación de vulnerabilidad dentro del hogar y reclama la intervención de la Justicia para que se dispongan medidas de protección. Los hechos denunciados deberán ser investigados y, por el momento, no implican una determinación de responsabilidad penal sobre las personas señaladas.

Qué pide el jubilado a la Justicia

Ante el cuadro que describe, el denunciante solicitó la exclusión del hogar de los jóvenes señalados y medidas restrictivas de acercamiento y contacto. La resolución de esas solicitudes queda en manos de los juzgados intervinientes.

De acuerdo con la denuncia, el conflicto no se limitaría a los presuntos episodios de maltrato verbal y psicológico. También se sostiene que los involucrados habrían usado los canales financieros del jubilado para sacar dinero de su cuenta sin autorización, una situación que podría afectar sus recursos para afrontar los gastos cotidianos.

Quiénes intervienen en la causa

La causa se encuentra bajo intervención del Juzgado de Instrucción y del Juzgado de Familia de Pico Truncado, según la información aportada. También se espera que tome intervención la Fiscalía de turno para investigar el posible retiro ilegítimo de los fondos.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece un marco de resguardo de los derechos de las personas mayores, incluidos su seguridad, dignidad e integridad. La aplicación de medidas concretas y la eventual calificación penal de los hechos dependerán de la investigación y de las decisiones judiciales.