Vivir sin techo propio: la dura realidad de las personas con discapacidad en Argentina

El 27% de las personas con discapacidad en Argentina vive en hogares con hacinamiento, y casi el 8% en condiciones críticas, según un nuevo informe de la Fundación Tejido Urbano que expone las profundas desigualdades habitacionales que enfrenta este colectivo.

El relevamiento, que analizó datos de todo el país, revela que más de 1,6 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) enfrentan barreras concretas para acceder a una vivienda digna. El informe también señala que el 6,9% de este grupo vive sin servicios esenciales como agua, electricidad o gas.

¿Qué dice el informe?

El trabajo de la Fundación Tejido Urbano, que lleva como título "El país de la crueldad", muestra que la situación habitacional de las personas con discapacidad es crítica. Del total de hogares donde reside una persona con discapacidad, el 26,5% declaró necesitar reformas o arreglos vinculados con su condición, pero solo la mitad logró concretarlos.

Además, las dificultades no se limitan al interior de las viviendas: el 33,7% de las personas con discapacidad reside sobre calles de tierra o mejoradas, lo que complica su movilidad y acceso a servicios.

En números concretos, Argentina tiene 1.684.727 personas con CUD, lo que equivale al 3,69% de la población. La provincia de Buenos Aires concentra el 40,3% de los casos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la mayor proporción en relación con sus habitantes (5,25%).

El rol de las leyes

La Ley 26.182 establece que los planes de vivienda financiados con fondos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) deben reservar al menos el 5% de las unidades para personas con discapacidad o familias que tengan integrantes con discapacidad. Esta norma se complementa con la Ley 24.314, que fija criterios de accesibilidad.

Sin embargo, durante el primer semestre de 2026, el cumplimiento federal promedio fue del 5,5%, apenas por encima del mínimo legal. Esto muestra que, aunque el cupo existe, su aplicación es desigual y muchas jurisdicciones no lo respetan.

¿Qué pasa en las provincias?

Algunas provincias han ido más allá del mínimo legal. Río Negro, con su programa Construir Inclusión, destina un 10% de las nuevas viviendas a personas con discapacidad. Mendoza superó el cupo del 5% con adjudicaciones que oscilaron entre el 6% y el 10% entre 2020 y 2023.

Otras, como Neuquén, avanzan con dispositivos habitacionales con apoyos, como el programa Casatuya, una vivienda comunitaria para jóvenes con discapacidad mental. La provincia de Buenos Aires sostiene el programa Hogares, y Santa Fe tiene iniciativas como Hogar Familia y Casa Asistida.

Santa Fe, bien posicionada

El relevamiento de Tejido Urbano sobre adjudicaciones de viviendas durante 2026 muestra que, sobre un total de 786 soluciones habitacionales en 10 provincias, se identificaron 43 viviendas destinadas a personas con discapacidad, lo que representa un 5,5% del total. Localidades como Pujato, Suardi, Ceres y Hersilia, todas en Santa Fe, superaron ampliamente el cupo mínimo.

Sin embargo, en contraste, otras localidades como Ullum (San Juan), Resistencia (Chaco) y Rosario de la Frontera (Salta) no registraron adjudicaciones dentro del cupo, lo que evidencia la disparidad en la aplicación de la ley.

El mercado, ausente

El informe destaca que la respuesta habitacional para personas con discapacidad está concentrada en el ámbito público y en la sociedad civil. La producción privada de vivienda orientada a promover la vida independiente de personas con discapacidad es todavía incipiente.

Un ejemplo aislado es el proyecto "Believe: Viviendas Tuteladas", impulsado por la desarrolladora Gardens en Mendoza, que propone entre 30 y 50 departamentos para personas con discapacidad intelectual. Otro caso es "Lo de Tono", una iniciativa de la organización Despuntado y Juan Ignacio Acosta, que ofrece una vivienda de transición para jóvenes con discapacidad intelectual que buscan autonomía.

Estas experiencias muestran que es posible un cambio de paradigma: las personas con discapacidad pueden decidir dónde, cómo y con quién vivir, y la vivienda puede ser una plataforma para construir autonomía y participación comunitaria.