Volcaban 350 millones de litros diarios al río Paraná: la Justicia confirmó el procesamiento de cinco exdirectivos

La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (Assa) por la contaminación del río Paraná, en una causa que había sido reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal en octubre del año pasado. El fallo también reconoce el peligro para la salud pública que generaba el volcado de efluentes cloacales e industriales sin tratamiento previo.

La medida del tribunal rosarino va en sentido contrario a una decisión anterior del mismo cuerpo, que había eximido de responsabilidad a los exfuncionarios. Esa resolución fue la que motivó la intervención de Casación, que restableció el procesamiento.

Qué dice la causa

La investigación, iniciada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, imputa a los exdirectivos la descarga de efluentes cloacales e industriales en el río Paraná sin tratamiento previo, en el Emisario Sur, ubicado en Ayolas y la colectora de Circunvalación.

Según el fallo, los exdirectivos efectuaron "la contaminación de un modo peligroso para la salud, el suelo y el agua, del cauce del río Paraná, volcando efluentes cloacales e industriales sin previo tratamiento en un volumen aproximado de 350.000.000 de litros diarios desde la Planta de Recepción Emisario Sur".

Las acciones se habrían desarrollado mediante camiones atmosféricos entre el 18 de septiembre de 2018 y el 15 de octubre de 2021, aproximadamente, según consigna el escrito.

Los efluentes incluían "sustancias con valores de coliformes termotolerantes elevados" —es decir, desechos humanos— y se detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli. La concentración de estas sustancias, a partir de las muestras tomadas por los investigadores, permite considerarlas residuos peligrosos.

"Todo ello se produce al descargar la empresa responsable (ASSA) los efluentes líquidos cloacales e industriales provenientes del Emisario Sur en forma deficiente y sin tratamiento alguno al cauce del Río Paraná, ya que dicho emisario recolecta los líquidos de la red cloacal y de las instalaciones del predio donde se efectúa la descarga proveniente de camiones atmosféricos, contaminando el curso del rio Paraná y poniendo en riesgo la salud pública", añadieron desde el tribunal.

La palabra del abogado querellante

En diálogo con La Capital, Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, afirmó: "Esta sentencia de la Cámara es un paso más en la lucha que vienen dando las organizaciones ambientales en defensa del río Paraná".

"En esta instancia, y después de un largo camino que incluyó al máximo tribunal en materia penal, ahora se expide la Cámara Federal de Rosario confirmando que existe un daño ambiental sobre el río Paraná por efluentes cloacales y que, además, eso también representa un peligro para la salud pública", agregó.

Maggi recordó que también existe otra causa civil que obliga a Assa, a la provincia de Santa Fe y al Estado nacional a construir una planta de tratamiento de efluentes cloacales en la zona del Emisario Sur: "Esta es una deuda pendiente que no se realizó a pesar de los insistentes reclamos. Es labor del Poder Judicial dictar una resolución que establezca, de manera definitiva, mecanismos obligatorios para que cumplan con la construcción de la planta".

Una deuda que sigue sin saldarse

A finales de 2024, el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario había hecho lugar a un amparo ambiental presentado por la misma asociación y ordenó a Assa y a los gobiernos provincial y nacional la concreción de la planta depuradora. En ese entonces, la empresa aseguró a este medio que las obras ya estaban proyectadas y que buscaban ser incorporadas en un organismo que el gobierno nacional disolvió en noviembre de 2024, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

Esa repartición contaba con líneas de financiamiento especiales para este tipo de obras. La planta proyectada para Rosario, a junio de 2023, según el último dato suministrado por la empresa, costaba 11.735 millones de pesos.

La sentencia ya fue dictada, pero Maggi aseguró que las partes condenadas siguen sin cumplir. Por eso, iniciaron un proceso de ejecución de sentencia, una medida que permite interponer más recursos —algo que desde la asociación civil ya hicieron— para que la Justicia comience a aplicar multas, confiscar bienes o, incluso, resolver una ejecución forzosa de la obra por parte del Estado. El letrado anticipó que trabajan para que se desarrolle esta última opción "porque Aguas Santafesinas no la cumplió de manera voluntaria".