Votó en disidencia y se opuso al rechazo de la inmobiliaria municipal: los detalles que no se contaron

Un concejal se plantó y votó en contra del rechazo a la inmobiliaria municipal. ¿Qué argumentó y por qué cree que el proyecto merecía más tiempo?

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Votó en disidencia y se opuso al rechazo de la inmobiliaria municipal: los detalles que no se contaron
Votó en disidencia y se opuso al rechazo de la inmobiliaria municipal: los detalles que no se contaron

El Concejo Deliberante de Santa Rosa rechazó por mayoría la creación de una inmobiliaria municipal, pero un edil rompió la unanimidad y pidió más debate. La iniciativa, impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), buscaba aliviar la crisis de alquileres en la ciudad.

Mariano Alfageme, concejal de Patria Grande en el Frejupa, fue el único que votó en disidencia. Consideró que el proyecto merecía un análisis más profundo y no ser descartado de forma apresurada.

¿Qué proponía el proyecto rechazado?

El Área de Inmobiliaria Municipal y el Registro Municipal de Viviendas en Alquiler pretendían ofrecer herramientas estatales para que las familias accedan a alquileres más justos. Según Alfageme, la iniciativa buscaba dar respuesta a cientos de familias santarroseñas que destinan gran parte de sus ingresos a un techo.

“El Estado Municipal no puede permanecer indiferente frente a una crisis habitacional”, sostuvo el edil en su descargo.

Los argumentos de la disidencia

Alfageme recordó que el acceso a la vivienda es un derecho humano y que el Estado debe estar presente para aportar transparencia e información, sin reemplazar al sector privado pero interviniendo cuando el mercado excluye a miles. Señaló que la reforma habitacional es la primera de las 10 reformas estratégicas del Programa de Gobierno de Emergencia de Patria Grande.

“Desestimar una iniciativa ciudadana de forma apresurada debilita la participación popular”, agregó el concejal, quien lamentó que el Concejo haya cerrado la puerta a una propuesta surgida de la comunidad.

El legislador concluyó: “No acompañamos el rechazo porque representa un paso en la dirección correcta: reconocer que el acceso a la vivienda merece políticas públicas y que el Estado tiene la responsabilidad de promover soluciones cuando están en juego derechos fundamentales”.

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