Vuelta atrás en un caso que conmocionó a Tucumán: anulan la condena perpetua por un femicidio en Simoca

Un fallo judicial que parecía definitivo se desmoronó. El Tribunal de Impugnación anuló la condena a prisión perpetua de Nicolás Marcelo Fernández por el femicidio de Lidia Vanesa Pérez, su pareja, ocurrido en Simoca a fines de 2023, y ordenó un nuevo juicio. La decisión se basó en graves vulneraciones a las garantías del proceso, dejando a la familia de la víctima y a la sociedad tucumana ante la incertidumbre de un nuevo debate.

El crimen que estremeció a la localidad del interior ocurrió el 30 de diciembre de 2023. La acusación, liderada por la fiscal Mónica García de Targa, sostuvo que Fernández asesinó a Vanesa Pérez estrangulándola con un cable eléctrico dentro de la casa que compartían, para luego intentar simular un suicidio.

¿Cómo se llegó a la primera condena?

Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal y la querella, representada por Benjamín Núñez Arévalo, presentaron un caso sólido. Se escucharon testimonios de familiares que describieron un contexto de violencia de género, y se sumaron pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) junto con análisis de comunicaciones. El 2 de julio de 2025, el tribunal lo declaró culpable de homicidio doblemente agravado y lo sentenció a prisión perpetua.

Sin embargo, la defensa de Fernández, a cargo de los abogados Cergio Morfil y Guillermo Doods, nunca aceptó el veredicto. Impugnaron la sentencia ante el Tribunal de Impugnación de los Centros Judiciales Concepción y Monteros, presentando una serie de argumentos que finalmente hicieron mella en la justicia.

Los argumentos que tumbaron el fallo

Uno de los puntos clave que esgrimió la defensa fue la violación del principio de congruencia. Alegaron que el tribunal de juicio modificó aspectos esenciales de la acusación original, como reducir la franja horaria del crimen y describir la acción como “rápida, súbita y violenta”, términos que no estaban en la imputación inicial. Según los letrados, esto les impidió preparar una defensa adecuada.

Otro golpe letal al proceso fue el cuestionamiento a la autopsia. La defensa sostuvo que no fueron notificados de su realización, a pesar de que su cliente ya estaba imputado, lo que les privó del derecho a designar un perito de parte. Además, señalaron que la autopsia se practicó sobre un cadáver exhumado y en avanzado estado de descomposición, poniendo en duda su validez científica.

Los abogados también insistieron en que se ignoraron elementos que podrían haber apoyado la hipótesis del suicidio, como una carta manuscrita hallada en la vivienda y mensajes de WhatsApp de la víctima. Criticaron duramente que, pese a calificar como “mediocre” el trabajo fotográfico de Criminalística, el tribunal basara parte de su condena en ese mismo material.

La decisión que lo cambió todo

El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Paul Hofer, Jorge Carrasco y Edgardo Sánchez, dio la razón parcialmente a la defensa. Determinó que efectivamente se vulneró el principio de congruencia y que no se respetaron las garantías procesales en torno a la autopsia. Por ello, dispuso excluir esa pericia y los testimonios derivados de ella del proceso.

Con estos fundamentos, los magistrados declararon la nulidad de todo el debate oral, dejaron sin efecto la condena a prisión perpetua y ordenaron que un tribunal distinto lleve adelante un nuevo juicio, esta vez sin las pruebas que fueron objetadas.

El Ministerio Público Fiscal, por su parte, rechazó de plano la impugnación. Sostuvo que no hubo modificaciones sustanciales, sino meras precisiones, y defendió la solidez de las pruebas que, a su juicio, acreditaban la responsabilidad de Fernández más allá de toda duda.

El caso, que había generado una expectativa de justicia, vuelve a foja cero. Ahora, la justicia tucumana enfrenta el monumental desafío de reconstruir la verdad en un proceso que deberá sortear los errores del pasado, mientras una familia y una comunidad esperan respuestas.