Weretilneck firmó el decreto del control facial en Salud: el detalle que nadie esperaba

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó la obligatoriedad del control biométrico facial para el personal de Salud mediante el decreto Nº 903, publicado en el último Boletín Oficial. La firma llegó después de que la Cámara Laboral de Viedma suspendiera el sistema hasta que se resolviera el recurso administrativo presentado por el gremio Asspur.

La disputa venía escalando desde agosto, cuando el sindicato formalizó su reclamo ante el gobierno. Frente a la demora en la respuesta, Asspur acudió a la Justicia y la Cámara viedmense falló a su favor, frenando el mecanismo de manera temporaria. Ese pronunciamiento fue el que apuró la resolución del Ejecutivo, que finalmente rechazó la petición del gremio y confirmó la vigencia del control.

Casi un centenar de presentaciones judiciales

En el Poder Judicial ya se acumulan cerca de cien acciones contra el sistema biométrico facial, entre presentaciones de sindicatos y de agentes estatales. Entre los fallos más resonados aparece el del camarista roquense Ambrosio Huenumilla, que declaró inconstitucional la norma de aplicación del mecanismo.

Sin embargo, la postura más determinante fue la de la Cámara Laboral de Viedma, que ordenó la suspensión temporaria. Esa decisión fue la que terminó de acelerar el decreto firmado por Weretilneck, que no solo ratifica la obligatoriedad, sino que también admite algunas falencias: reconoce la falta de información al personal y ordena ampliar las garantías sobre el tratamiento de los datos.

Sin consentimiento y sin celular propio

El gobierno sostiene que no necesita el consentimiento de los trabajadores para registrar su asistencia, tal como planteaba Asspur. La norma argumenta que el registro forma parte de las obligaciones del empleo público y que su control es una facultad del Estado empleador.

“No hay, por tanto, un consentimiento arrancado bajo amenaza, porque no hay un consentimiento que la ley exija”, afirma el texto oficial, que se apoya en las excepciones del artículo 5° de la Ley 25.326 para procesar datos sin autorización cuando se trata del ejercicio del Estado o de una relación contractual.

Weretilneck insistió además en que el sistema no almacena fotografías de los agentes: según el decreto, se genera una “plantilla matemática irreversible” y la imagen se descarta. También aclaró que no es obligatorio usar el teléfono celular personal para el control, ya que el registro se hará con las terminales fijas instaladas en los establecimientos hospitalarios.

El decreto acepta que un pedido inicial de Asspur “no obtuvo respuesta formal en tiempo oportuno” y que en algunas áreas la comunicación se limitó “a ordenar el enrolamiento sin brindar toda la información sustantiva”. Según el Ejecutivo, esa demora “explica buena parte del conflicto y no lo justifica”, por lo que se comprometió a completar la información al gremio y al personal con la política de privacidad, una versión pública de la evaluación de impacto y detalles sobre la gobernanza de los datos.

Por qué el gobierno insiste con el sistema

En el decreto, el gobernador justificó el uso del mecanismo biométrico al señalar que las planillas, relojes y supervisiones anteriores no producen “un registro homogéneo ni integrado con la liquidación salarial”. Agregó que fragmentan el sistema y generan dificultades para liquidar guardias y adicionales, y cuestionó la huella dactilar en el ámbito sanitario.

El Ejecutivo desestimó el argumento de que la aplicación debía negociarse con los gremios, aunque reconoció que la falta de diálogo previo “ha alimentado el conflicto”.

Foto: Marcelo Ochoa.