Weretilneck respaldó la ley más resistida de Milei: el detalle que evitó mencionar

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió a respaldar públicamente la ley ómnibus de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa Javier Milei, mientras las críticas al proyecto no dejan de crecer. La iniciativa, conocida como «Ley Malvinas», ya acumula cuestionamientos por presuntos artículos que chocan con la Constitución Nacional.

El respaldo llegó a través de un comunicado oficial del Gobierno rionegrino. Allí se explica que el mandatario apoya la propuesta porque «propone nuevas herramientas para proteger el territorio argentino, sus recursos naturales, el espacio aéreo y marítimo y la infraestructura estratégica frente a amenazas externas».

Sin embargo, Weretilneck eligió apoyarse en los puntos más consensuados del proyecto y no se pronunció sobre los artículos que serán atacados en la Justicia por anticonstitucionales. Entre ellos, según los críticos, la norma violenta la libertad de prensa, elimina los límites entre defensa nacional y seguridad interior, corre al Congreso del control y habilita la persecución penal sin causa judicial a ciudadanos por terrorismo ante una «sospecha razonable».

Qué dice el comunicado

El texto oficial pone el foco en la protección de los recursos naturales argentinos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. «Defender la soberanía también significa defender nuestros recursos y tener las herramientas para actuar frente a quienes pretendan apropiarse de lo que pertenece a los argentinos. Malvinas es una causa nacional que está por encima de cualquier diferencia política», sostuvo el gobernador.

Y agregó: «Argentina necesita una política de Estado clara: nuestros recursos naturales se defienden y nuestra soberanía se respeta. El Estado tiene que contar con instrumentos concretos para hacerlo efectivo».

El proyecto que excede a Malvinas

Más allá del «objetivo permanente e irrenunciable» de recuperar las Malvinas, el proyecto tiene un alcance mucho mayor. De los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional y modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Sanciones y el debate por VMOS

Uno de los ejes centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en esos territorios sin autorización argentina. El régimen alcanza también a accionistas, contratantes y proveedores indispensables, y establece multas, pérdida de habilitaciones, prohibiciones para contratar con el Estado e inhabilitaciones para actividades económicas en el país.

La iniciativa incorpora además mecanismos para evitar que cambios en las estructuras societarias permitan eludir las sanciones y para que quienes hoy desarrollan esas actividades cesen en esa conducta.

En ese punto se abrió un debate: las sanciones que la Casa Rosada promueve contra Sea Lion —el proyecto petrolero offshore que impulsan empresas británicas e israelíes— tendrían consecuencias contra prestadores de servicios como Clearwater, el proveedor de las monoboyas para el oleoducto VMOS que exportará el petróleo de Vaca Muerta por Punta Colorada.

La entrada original fue publicada por ADN Río Negro.