Se esperaba que los funcionarios de Yerba Buena esquivaran el examen, pero el primero en estirar el brazo fue el propio intendente. Quiénes lo siguieron y las seis sustancias que buscan detectar.
La Municipalidad de Yerba Buena activó este jueves la ordenanza que obliga a funcionarios del Ejecutivo y concejales a someterse a narcotests. El intendente Pablo Macchiarola encabezó la primera tanda de exámenes, que se realizaron en el Hospital Ramón Carrillo.
"Queríamos ser los primeros y dar el ejemplo", dijo el jefe municipal tras la prueba. Lo acompañaron cinco ediles del Concejo Deliberante.
Quiénes pasaron por el examen
Además de Macchiarola, en esta jornada inaugural se sometieron los concejales Javier Jantus, Mauricio Argiró, Gabriela Garolera, Agustina Simón Padrós y Franco Marigliano.
La normativa surgió de una iniciativa de Garolera y Argiró, y prevé controles aleatorios para todo el personal municipal.
Cómo se toman las muestras
La directora del Hospital Ramón Carrillo, Flavia Molé, detalló que el procedimiento consiste en la recolección de una muestra de orina bajo estrictas pautas de confidencialidad.
Los análisis buscan metabolitos de seis grupos de sustancias. Entre ellas aparecen cocaína, marihuana, barbitúricos, opiáceos y benzodiacepinas, precisó la profesional.
La elección de los examinados queda en manos de un sorteo aleatorio que maneja la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad. Los sorteados reciben una citación con día y horario para hacerse el estudio.
Molé calculó que los resultados se conocerán en alrededor de una semana. Cada funcionario recibirá su información de forma reservada a través de Recursos Humanos: no se publicarán nombres ni resultados individuales.
Qué ocurre si el análisis da positivo
El protocolo habilita pedir una contraprueba cuando el resultado es positivo. Por eso en la toma se usan dos frascos: uno se destina al análisis inicial y el otro queda guardado para una eventual verificación en un laboratorio distinto, que elige el propio funcionario.
La directora del hospital remarcó que la iniciativa tiene un fin preventivo y de concientización. Aclaró que no prevé sanciones por someterse al procedimiento ni por negarse a hacerlo.
Macchiarola, en cambio, puso el foco en la negativa: consideró que si un funcionario se rehúsa a hacerse el examen, esa decisión debería generar interrogantes. De todos modos, los alcances de esa situación quedan por definir en la letra de la ordenanza y del procedimiento.
El intendente también sostuvo que la medida apunta a reforzar la transparencia en la función pública. "Consideramos que todo funcionario público municipal tiene que estar al máximo de sus capacidades psicofísicas", afirmó, y dejó abierta la posibilidad de que el modelo se replique en otras ciudades.
