Yerba Buena necesitó otra vez a la Provincia para pagar sueldos: la cifra que firmó Jaldo

La Municipalidad de Yerba Buena volvió a quedar en el ojo de la tormenta por sus cuentas. El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una nueva asistencia reintegrable de hasta $1.828.278.007,98 para la administración del intendente radical Pablo Macchiarola, con destino principal al pago de los salarios de septiembre de 2026.

El dato no es aislado: en agosto el Ejecutivo provincial ya había habilitado otro financiamiento de hasta $1.751.378.543,69, también orientado sobre todo a cubrir remuneraciones. Entre las dos operaciones, la Provincia puso a disposición del municipio más de $3.579 millones en apenas dos períodos salariales.

Son préstamos reintegrables previstos en el régimen fiscal provincial, pero su repetición reaviva la pregunta de fondo: cómo hace Yerba Buena para sostener su estructura de gastos si necesita financiamiento de la Provincia para cumplir con los sueldos.

El decreto detrás de la nueva asistencia

La medida quedó formalizada en el Decreto Nº 2.436/3, firmado el 5 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de Tucumán el jueves 22. El instrumento faculta al Poder Ejecutivo a otorgar al municipio un financiamiento reintegrable de hasta $1.828.278.007,98, destinado principalmente a las remuneraciones de septiembre.

La operación se encuadra en la Ley Nº 8.829, conocida como Pacto Social, y en el Acuerdo Fiscal con Municipios, herramientas que permiten asistir a las administraciones locales para atender salarios, obras, servicios y otras obligaciones.

Según el decreto, los fondos se imputarán a Rentas Generales y se canalizarán a través de la cuenta fiduciaria del municipio, con intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La disponibilidad efectiva del dinero dependerá de las posibilidades del Tesoro provincial, mientras que la Contaduría General deberá registrar los desembolsos y sus devoluciones.

Dos auxilios que suman más de $3.579 millones

La ayuda de octubre no es la primera del año para la gestión de Macchiarola. En agosto, por el Decreto Nº 1.799/3, la Provincia ya había autorizado un financiamiento reintegrable de hasta $1.751.378.543,69, orientado principalmente a los salarios de julio.

Con la nueva disposición, ambas autorizaciones totalizan $3.579.656.551,67. Se trata de montos máximos habilitados para períodos distintos, de modo que esa cifra no implica que todo el dinero se haya desembolsado efectivamente.

Aun así, la magnitud de los recursos pedidos para afrontar obligaciones salariales vuelve a poner bajo la lupa la planificación financiera del municipio y su capacidad de sostener el gasto corriente.

El costado político de la asistencia

El financiamiento también tiene una lectura política. Macchiarola pertenece al radicalismo y forma parte de Cambia Tucumán, el espacio opositor, mientras que Jaldo encabeza el Gobierno provincial.

El intendente llegó al municipio en 2023 como sucesor de Mariano Campero, uno de sus principales referentes, que mantiene aspiraciones de competir por la Gobernación en las elecciones previstas para mayo de 2027.

Así, mientras el sector de Campero busca instalarse como alternativa al oficialismo provincial, la administración de Yerba Buena sigue recurriendo a mecanismos de asistencia habilitados por el Gobierno de Jaldo. El vínculo institucional permite canalizar los recursos pese a las diferencias partidarias, aunque el contraste entre el discurso opositor y la dependencia de esas herramientas suma un capítulo al debate.

Vale aclarar que el Pacto Social es un mecanismo legal que usan distintos municipios tucumanos y que su aplicación, por sí sola, no demuestra insolvencia. Además, las asistencias son reintegrables: los municipios adheridos aceptan condiciones de compensación y devolución ligadas a sus recursos de coparticipación.

Las preguntas que quedan abiertas

La documentación oficial confirma las asistencias salariales, pero no detalla cuántos empleados tiene hoy el municipio ni cuánto creció su planta en esta gestión. Esos datos son clave para saber si el aumento del gasto en personal explica las dificultades financieras.

El caso de Yerba Buena deja planteados interrogantes sobre la evolución del gasto salarial, las incorporaciones de personal, la recaudación propia y la posibilidad de financiar el funcionamiento municipal sin recurrir una y otra vez a estos instrumentos.

La gestión de Macchiarola deberá mostrar cómo piensa sostener sus obligaciones salariales, preservar los servicios y financiar las obras que la ciudad demanda. También será central transparentar la evolución de la planta de empleados y del presupuesto destinado a personal, para determinar si la estructura administrativa es compatible con los recursos disponibles.

Por ahora, el dato concreto es que la Provincia autorizó más de $3.579 millones en dos operaciones de asistencia financiera para Yerba Buena durante 2026, ambas con los salarios como destino principal. Una cifra que vuelve a poner las cuentas municipales en el centro de la discusión pública.