Yerbateros en alerta: Nación ratificó la desregulación y expuso el dato que complica a Misiones

El Gobierno nacional no tiene intención de dar marcha atrás con la desregulación del mercado yerbatero. Así lo confirmó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde defendió el rumbo que la administración de Javier Milei impuso al sector.

La consulta la había formulado la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien pidió precisiones sobre los cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y sus efectos. La respuesta del funcionario no dejó margen: la prioridad oficial es el consumidor, incluso si eso choca con los intereses de los productores.

“Escuchamos a los productores, escuchamos a las autoridades de las provincias de Misiones y Corrientes”, afirmó Cacace. Contó que mantuvieron reuniones con el directorio completo del INYM, junto al ministro Federico Sturzenegger y otros funcionarios. Pero esos encuentros no modificaron el criterio económico.

“La contraposición de visiones para nosotros es decir: ¿hay que proteger a la cadena o hay que proteger al consumidor? Siempre nosotros estamos a favor de proteger al consumidor”, sostuvo.

Qué atribuciones del INYM se eliminaron

El secretario defendió la supresión de varias facultades que el organismo tenía antes del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Entre ellas, la fijación de precios para la hoja verde y los límites a la expansión de la superficie cultivada.

“Había un precio mínimo que se fijaba para la materia prima”, recordó, y consideró que ese mecanismo restringía la oferta. También apuntó contra las restricciones a nuevas plantaciones con un ejemplo: “¿Vos querías sembrar más hectáreas? No podías. No, no podés, pero tengo espacio, campo. No podés, solo te dejo producir hasta esto. Insólito”.

Además mencionó los controles de calidad de los palos de yerba mate como parte de las normas que el Gobierno considera restrictivas. Para el Ejecutivo, esas intervenciones alteraban la formación de precios y las decisiones productivas.

Con este esquema, el INYM perdió una de sus herramientas centrales desde su creación: la potestad de fijar precios de referencia obligatorios para la materia prima.

Los números que muestra el Gobierno

Para respaldar la desregulación, Cacace presentó cifras de 2025. Las exportaciones alcanzaron los 57,98 millones de kilogramos, un 32% más que el año anterior, y según el funcionario fue el mayor volumen registrado por el sector. Los datos coinciden con los del INYM, que contabilizó 57.980.911 kilogramos exportados y una suba del 32,2% respecto de 2024.

El consumo interno también se recuperó: las salidas de molinos al mercado argentino llegaron a 266,8 millones de kilogramos, un 3,1% más que en 2024.

El otro argumento fuerte fue el precio en góndola. Según Cacace, con datos del INYM y del INDEC, la yerba mate registró una reducción cercana al 40% en términos reales. Es decir, su precio evolucionó por debajo de la inflación general, aunque eso no significa que el consumidor pague nominalmente un 40% menos.

El secretario atribuyó esos resultados a la eliminación de restricciones, aunque las cifras por sí solas no permiten medir cuánto influyó específicamente la desregulación.

La otra cara: los productores misioneros

El punto de conflicto está en los pequeños y medianos productores de Misiones, que vienen cuestionando la pérdida de facultades del INYM y el deterioro de los valores que reciben por la hoja verde.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos a marzo de 2026 reveló que la participación del productor en el precio final de la yerba mate fue del 13,1%, mientras que el promedio del primer trimestre cayó al 11,6%, el nivel más bajo para ese período desde 2019.

El mismo relevamiento indicó que el precio máximo pagado por la hoja verde en marzo de 2026 fue de 220 pesos por kilogramo, un 27,9% menos que en mayo de 2025. Estos números muestran una brecha entre la evolución comercial de la actividad y los ingresos que reciben quienes producen la materia prima.

Cacace reconoció que el Gobierno conoce las objeciones de productores y provincias, pero insistió en que la política responde a otro criterio. “Ustedes lo que dicen es: tenemos que proteger a la cadena, que es cerrada, y están estos y son los productores, los secadores, todos hacen eso, y proteger la economía de la provincia. Entiendo esa perspectiva, la entiendo, y nos la han planteado”, expresó.

Y cerró: “En el contexto de la Nación Argentina, lo que conviene es que los consumidores tengan precios más baratos en todos los productos”. Para justificar su postura, comparó la fijación de precios mínimos para la yerba con regulaciones similares sobre la leche o la manteca.