YPF: La jugada judicial que frenó en seco el intento de cobrar los US$16.000 millones

El Gobierno nacional respiró aliviado esta semana tras una decisión clave de la justicia estadounidense. La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió dos procesos que los demandantes activaron para intentar cobrar la millonaria sentencia por la expropiación de YPF. Sin embargo, la pulseada legal está lejos de terminar.

El tribunal de alzada frenó específicamente el trámite para activar embargos contra el país. También dejó en suspenso el procedimiento mediante el cual los fondos buscan que la Justicia de EE.UU. sancione e incluso declare en desacato a la Argentina por supuestos incumplimientos procesales.

Esta medida representa un respiro táctico para la estrategia defensiva, pero no resuelve el fondo del conflicto. El Ejecutivo aún debe enfrentar instancias cruciales en su intento por revertir el histórico fallo de la jueza Loretta Preska.

¿Qué queda pendiente en los tribunales de Nueva York?

Antes de esta suspensión, el juicio por YPF ya contabilizaba cinco apelaciones ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Con una de ellas pausada, quedan tres procesos secundarios por resolver en ese tribunal.

Para estas tres apelaciones, la Corte tiene programada una audiencia de argumentos orales el próximo 16 de abril. En esa fecha, las partes deberán exponer y responder preguntas de los jueces.

Los temas pendientes son de alto impacto. Uno es la apelación contra la orden de Preska para que el país entregue acciones de YPF como parte de pago. Otro es el recurso de la propia petrolera, a la que se le negó representarse a sí misma en el tema del alter ego.

El tercer caso lo lleva una ONG llamada Republican Action for Argentina, que reclama la anulación de la sentencia millonaria. La jueza de primera instancia lo rechazó en marzo de 2025, llevando el asunto al tribunal superior.

La gran incógnita: el fallo de fondo por los US$16.000 millones

Más allá de estos procesos, la expectativa máxima está puesta en la apelación de fondo. Es la que busca revertir la sentencia de la jueza Loretta Preska de septiembre de 2023, que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones.

La estrategia judicial argentina tiene un objetivo claro: anular esa millonaria condena o, al menos, lograr una reducción considerable del monto. La audiencia de argumentos orales para este tema crucial ya se realizó en octubre.

Desde entonces, el tribunal compuesto por los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson revisa el caso “de nuevo”. Su decisión, que no tiene plazos definidos, podría conocerse en cualquier momento.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca el caso, anticipa un fallo complejo y extenso. “La decisión no será una simple ‘culpable’ o ‘inocente'”, explicó. Los magistrados no están influenciados por el fallo de Preska y deben interpretar cuál es la correcta aplicación de las leyes.

Según el análisis de Maril, la Corte de Apelaciones podría optar por varias vías. Podría confirmar el fallo de Preska, desestimar la apelación argentina o incluso revertir la sentencia y enviar el expediente nuevamente a la magistrada para que falle de nuevo.

Otras opciones incluyen la anulación total del fallo o la devolución del caso a la jueza Preska con instrucciones específicas. Cada escenario tiene implicancias dramáticamente diferentes para las finanzas del país.

El resultado de esta batalla legal, que se libra en tribunales extranjeros pero con consecuencias directas para todos los argentinos, sigue siendo una incógnita de miles de millones de dólares.